La pobreza infantil de hoy, la falta de cohesión social de mañana

El preocupante aumento de la desigualdad y la pobreza en España en los últimos años tiene como principales  perjudicados a varios colectivos. En general, son los sectores más desfavorecidos y con menores niveles de renta los que han sufrido las peores consecuencias, como ha quedado demostrado en diversos informes y estudios recientes de importantes organismos y entidades sociales. Y es el colectivo de la infancia, junto con los jóvenes, los que en mayor medida han visto incrementados sus respectivos índices de pobreza y exclusión social, siendo en la actualidad más de una de cada tres, en ambos colectivos, las personas que se encuentran en estas situaciones en nuestro país. En los años más duros de la crisis, mientras que  la renta del 20% de la infancia que contaba con más recursos se redujo en un 6,5%, la de los niños y niñas del 20% más pobre de la población lo hizo en un 32%.

En Melilla, según los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 33,7% de los menores 18 años están en situación de pobreza. Es decir, que serían unos 8.212 menores de edad residentes en la ciudad que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Por ejemplo, para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años el umbral de pobreza se sitúa en  una renta anual de 16.823 euros (incluidas las prestaciones sociales), lo que equivaldría a 1.402 euros mensuales de presupuesto familiar. Si tenemos en cuenta que el precio medio del alquiler de una vivienda (digna y con cédula de habitabilidad) con dos habitaciones en Melilla oscila entre los 500-600 euros/mes, a esta familia le restarían menos de 900 euros para afrontar otro tipo de gastos ineludibles como suministros básicos (luz, agua, tasas municipales, etc), alimentación, vestimenta, calzado, materiales escolares, transporte, medicamentos, gastos imprevistos, ocio, cultura, formación…

Hemos visto en los últimos años como disminuyen los índices de desempleo y aumenta el llamado “crecimiento económico”, sin embargo disminuye la calidad del empleo y aumentan lo que ya venimos conociendo como trabajadores pobres e incluso los trabajadores sin hogar. El vertiginoso aumento de la desigualdad en estos años en España ha hecho que seamos el sexto país más desigual de toda la UE y, dentro de la OCDE somos el segundo en el que más ha crecido la desigualdad durante la crisis, catorce veces más que en Grecia, por ejemplo. Es evidente que esto tiene efectos negativos en la llamada productividad de un país. La concentración de riqueza cada vez en menos manos lleva aparejada la disminución de la misma en los sectores más desfavorecidos, como hemos podido comprobar en nuestro país (sin olvidar que los sectores de estratos sociales intermedios también han perdido poder adquisitivo).

Según el FMI  si aumenta un punto la porción que de la renta de un país se lleva el  20% más rico de la población, el crecimiento económico es un 0,08% menor de lo que debiera. Si el que se lleva un punto más de la renta nacional es el 20% más pobre, el crecimiento del PIB es un 0,38% mayor.

En este sentido, a falta de un mercado de trabajo con la capacidad de “absorver” a las personas excluidas del mismo, y con unas previsiones de futuro en este sentido bastante pesimistas (se prevé una mayor pérdida de puestos de trabajo asociadas al desarrollo tecnológico para los próximos años) la solución creemos que pasa por unos ingresos mínimos garantizados para los colectivos más vulnerables.

Desde la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España se propone lo siguiente, como medidas más urgentes para la reducción de la pobreza:

1. Elaborar e implementar un marco estatal para el Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas (que permita que los hogares perceptores se sitúen por encima del umbral de la pobreza teniendo en cuenta la composición familiar y los presupuestos familiares de referencia de cada CC.AA y Ciudad Autónoma). Es fundamental relacionar las Rentas Mínimas con ayudas a la vivienda y a los suministros, porque se trata de un problema grave para muchas familias en situaciones vulnerables, que demandan este tipo de ingresos.
2. Desarrollar y mejorar la cuantía de la Prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social , actualmente de 25 euros al mes por cada hijo y sólo para hogares con rentas inferiores a 11.576 euros al año, estamos claramente a la cola de Europa en esto. Recientes estudios demuestran que a mayor pobreza de las familias esta medida es más eficaz. El incremento en la cuantía y umbrales de renta podrían llegar a reducir hasta el 17,8% de la pobreza infantil moderada y un 40% de la pobreza infantil extrema. Y ahí tenemos el ejemplo de Irlanda un país que ha sufrido una crisis económica de similares características a la nuestra que ha apostado, en los últimos años, por un incremento considerable de la prestación por hijo a cargo (actualmente 140 euros mensuales por cada hijo) logrando reducir la pobreza infantil del 44% al 17% actual, con el apoyo de otras políticas de protección social.

Según el último Informe de la Fundación FOESSA (Cáritas) España invierte muy poco en familia e infancia, concretamente, el 1,3% del PIB, frente al 2,2% de la media de toda la UE. Sin embargo, somos el segundo país con más pobreza infantil. El «gasto» (inversión) en infancia y familia representa el 5,3% del total de «gasto» (inversión) en protección social, mientras que en la UE la media del gasto o inversión en infancia y familia supone el 7,5%.
Necesitamos una apuesta de nuestros recursos económicos más decidida y una mayor eficiencia en la gestión de la protección social porque la pobreza y la exclusión social de nuestra infancia y de nuestros jóvenes de hoy probablemente nos conducirán a una sociedad aún más desigual con efectos muy negativos para la cohesión social.

La pobreza se hereda. Se estima que el 80% de la de las niñas y niños que se encuentran hoy en situación de pobreza pueden convertirse en adultos empobrecidos, según el reciente informe de Save the Children “Desheredados” y también según el del pasado año de FOESSA “La transmisión intergeneracional de la pobreza”. Como decía el sociólogo, recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, se mide la capacidad de un puente para soportar el peso, por la fuerza de su pilar más débil. La calidad humana de una sociedad debería medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles.

Sabemos cuál es la teoría, y los instrumentos y recursos están a nuestro alcance para conseguirlo. Hace falta voluntad política y una apuesta decidida por la infancia, por el futuro más allá de intereses electoralistas y a corto plazo.

Nos congratulamos por el anuncio que desde la CAM han hecho público recientemente de su intención de llevar a cabo un estudio sobre la pobreza infantil en Melilla para el año 2018. Aunque creemos que es urgente adelantarlo, aprovechamos para mostrar nuestra total predisposición para colaborar en el mismo.

El Pacto contra la Pobreza

Propuestas de EAPN ante las elecciones 2015

Ante el grave aumento de la pobreza y la exclusión social, EAPN pide a los partidos políticos candidatos al Gobierno de España lo siguiente:

1. Que los candidatos y candidatas al Gobierno de España firmen un Pacto contra la Pobreza, cuya primera parte consista en un compromiso con cuatro metas principales a concretar durante la próxima legislatura:

1) Reducir, al menos, en un 15% del total de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en el territorio de España. 2) Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil en, al menos, un 25%. 3) Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%. 4) Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria. El progreso en estos cuatro objetivos será evaluado de forma continuada, mediante los indicadores objetivos de EUROSTAT.

2. Que, como primer eje principal del Pacto contra la Pobreza, se aplique el enfoque de Inclusión Activa, con tres pilares compatibles: el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y, especialmente, un sistema de Rentas Mínimas que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza (teniendo en cuenta la composición familiar). Para este fin, se deberá:

a. Elaborar un marco estatal de Rentas Mínimas que pueda ser complementado por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas para que permitan un nivel de vida digno, estableciéndose dicha base mediante presupuestos familiares de referencia.

b. Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, implantar una Prestación económica por hijo/a menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar.

c. Una estrategia de desarrollo económico productivo e integrador generadora de empleo de calidad que cuente con las políticas de protección como elemento nuclear de impulso económico.

3. Que, como segundo eje principal del Pacto contra la Pobreza, se pongan en funcionamiento políticas de inversión social (atendiendo particularmente a los colectivos más vulnerables y a las personas jóvenes), con tres líneas clave integradas:

a. INVERSIÓN en capital humano, con sistemas de formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas)

b. INNOVACIÓN, apoyando la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las Pymes para lograr los objetivos sociales.

c. INCORPORACIÓN, estableciendo mecanismos, verdaderamente eficaces y sencillos, para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito hipotecario, puedan tener una “segunda oportunidad” y volver a funcionar activamente como ciudadanos/as.

4. Que, como estrategias de carácter transversal de este Pacto contra la Pobreza, para la mejora de la cohesión y el bienestar social y la prevención de la exclusión, se adopten las siguientes medidas:

a. Se revise y se cumpla y mejore la legislación para garantizar la diversidad y la igualdad de trato, estableciendo planes antidiscriminación que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular a las personas con discapacidad y las minorías étnicas.

b. Que a fin de reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, se revierta la aplicación del decreto ley 16/2812 y se garantice la atención sanitaria universal a todas las personas residentes, dado que la salud es un derecho humano fundamental inalienable.

c. Que el Gobierno dedique más esfuerzo normativo y de recursos en la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética. En el caso de la vivienda social, con el fomento, por medio de un Plan Estratégico de Vivienda dotado suficientemente, de fondos de vivienda social, especialmente en régimen de alquiler asequible. En cuanto a la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.

d. Que se reforme la ley 27/2013 sobre la administración local para reconocer los servicios sociales como actores principales del desarrollo y la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos. Multiplicando por diez la dotación del Plan Concertado.

e. Que se gestionen adecuadamente los flujos migratorios, siempre desde un enfoque de Derechos Humanos, consensuando para ello las políticas desde un punto de vista europeo y trabajando en los países de origen, con políticas adecuadas de cooperación, para que migrar se convierta en una opción y no una necesidad, así como que se pongan los recursos necesarios para la gestión adecuada de las personas ya establecidas en nuestro país.

f. Que se haga especial hincapié en las políticas de empleo y formación para el tránsito entre empleos de la población joven española, con el fin de que no tengan que salir de España para lograr un empleo y un sueldo dignos con los que llevar una vida digna y de calidad.

5. Que, como segunda parte del Pacto contra la Pobreza, referida a la Transparencia y la Rendición de cuentas, se establezca que:

a. Se organice una comisión en el Parlamento que estudie y verifique cada propuesta legislativa y, en particular, los presupuestos, para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza y de defensa de los Derechos Fundamentales.

b. Toda planificación o legislación que se pretenda aprobar en la legislatura conlleve un informe de impacto social, incidiendo especialmente en la legislación de carácter fiscal. Que la reforma fiscal tenga un carácter marcadamente progresivo en el que las rentas más altas asuman la responsabilidad que les corresponde.

c. Que el Parlamento y el Gobierno establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible.

6. Que se garanticen los recursos para poner en marcha los planes y programas que se propongan, garantizando los recursos de las Administraciones públicas, teniendo en cuenta, entre otros, los recursos provenientes de la necesaria reforma fiscal y los de la Unión Europea.

7. Que, como tercera parte de ese Pacto contra la Pobreza, se establezcan objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos vulnerables, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o diversidad funcional, cabezas de familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.

a. Comprometiéndose con unos porcentajes altos de inversión presupuestaria para cada colectivo, en términos de ratio de población general y de población afectada por cada problemática, de forma que se pueda cumplir con las cuatro metas de este Pacto, señaladas en el punto 1.

b. Introduciéndose, en cumplimiento de la Ley de Igualdad, la perspectiva de género en las políticas de lucha contra la exclusión social.

c. Utilizando los Fondos Estructurales y otros fondos europeos con una perspectiva social que respete y avance más allá del compromiso 20% para la lucha contra la pobreza, que ya está predeterminado por la Comisión Europea, contando con las entidades del Tercer Sector Social en el proceso de seguimiento de este objetivo.

d. Considerando a las entidades del Tercer Sector Social como agentes legítimos del diálogo civil, en reconocimiento del alto nivel de representatividad que éstas tienen con respecto a los intereses de dichos colectivos.

e. Mediante consultas públicas recurrentes dirigidas a las personas directamente afectadas, facilitando la interacción a través de Internet.

f. Poniendo en marcha estudios y mecanismos para el control de la calidad de los servicios y políticas sociales, con evaluaciones objetivas y participativas del impacto que estas tienen, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia, y la eficacia.

g. Comprometiéndose a la coordinación de políticas y recursos con las administraciones autonómicas.

Vencer la abstención, esa es la cuestión

Ya está todo dicho (o silenciado), se acaba la campaña, se acaban las oportunidades, el teatro y la puesta en escena, al menos por un tiempo… Este domingo 25 de mayo tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz, de aportar como ciudadanos en busca de la mejora de la sociedad, y sería una lástima que volviéramos a desaprovecharla.

Parece que tenemos algunos problemas de percepción en cuanto a la importancia que tienen las decisiones adoptadas en el Parlamento europeo. Y digo esto porque según las encuestas o sondeos de opinión, como el último barómetro de opinión del Real Instituto Elcano una gran parte de los españoles (44%) creen que las elecciones de este domingo no son importantes, y solamente el 56% de los entrevistados manifestaba su intención de ir a votar. Probablemente uno de los problemas al respecto es la desinformación de gran parte de la ciudadanía, y a la que el tratamiento mediático mayoritario – el de los grandes medios que llega a la mayor parte de la población – así como el enfoque de las campañas de  nuestras instituciones y de los grandes partidos no contribuye mucho a paliar, más bien al contrario en demasiadas ocasiones.

El descontento social ha ido en aumento en los últimos años como todos sabemos y la desafección política es una consecuencia de ello. Las medidas de austeridad, que parecen no tener fin, y el discurso político mayoritario provocan miedo e inducen a pensar que no hay más alternativa que las que nos presentan, y en esto la Europa que tenemos tiene gran parte de responsabilidad.

Sin embargo, este domingo tenemos la oportunidad de transformar ese sentimiento de impotencia y falta de protagonismo de la ciudadanía a través de las urnas. No son ni el PP ni el PSOE los partidos mayoritarios en nuestro país, no. En realidad, el «partido» mayoritario es la abstención que supera a estos dos juntos.

No es verdad que las decisiones de las instituciones europeas no nos afectan, más bien al contrario, nos afectan y mucho, y cada vez más. En la campaña de EAPN (Red europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) se señala que más del 80 % de las decisiones que nos afectan tienen que ver con Directivas europeas que se aprueban en ese Parlamento y que de acuerdo con el Tratado de Lisboa contará con muchos más poderes en esta nueva Legislatura. Es por ello que como ciudadanos hemos de contribuir para que esa institución nos represente más adecuadamente, y por ello debemos participar en su constitución a través del voto. En el parlamento europeo se aprueban leyes que condicionan las leyes de nuestros Estados y que inciden directamente en la vida de millones de europeos. Aspectos tan determinantes como la reforma del sector bancario, que tanto poder tiene en el continente y que demasiado a menudo determina decisiones políticas, van a ser tratados en estos años, y es una enorme oportunidad para atribuir una mayor importancia a la política sobre la economía, ya que realmente es ésta quien determina aquella y no al revés como algunos nos quieren hacer creer. Pero la política hemos de hacerla entre todos, tenemos que participar para construir la Europa que queremos.

Y es que realmente, y en relación con lo anterior, a través del Parlamento europeo decidimos cómo se gasta el dinero que nos llega de la Unión Europea. Parte de ese dinero, por ejemplo, pertenece a los Fondos Estructurales que nuestro país recibe, (que tan importantes son para Melilla) y que en la próxima legislatura ascenderán a 36 mil millones de euros para todo el territorio nacional en el período 2014-2020.El 20% de esos fondos, según recomendaciones europeas, debe destinarse a la lucha contra la pobreza, eso es un logro que debemos defender, y debemos hacerlo lo más eficazmente posible ya que somos el país más desigual de Europa (sólo nos supera Letonia, según datos de intermon Oxfam) y el el segundo con mayor pobreza infantil (por detrás de Rumanía). Y para paliar estas alarmantes cifras hemos de solucionar el dato de que España es el país de la UE cuyas políticas sociales tienen menor capacidad para reducir la pobreza (tan sólo nos supera Grecia en este aspecto, según el último informe de Save the Children).

Y es que como se sostiene desde EAPN se puede exigir al Parlamento Europeo que vigile que cualquier legislación que se apruebe no aumente la pobreza. Que toda la institución europea se comprometa a luchar contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, la discriminación y la exclusión social. Se puede legislar para garantizar una renta mínima a la población europea. O podrían no hacer nada de esto, si quienes componen el parlamento no tienen que responder a estos intereses, que son los de las personas que los eligieron.

Además, en esta próxima legislatura, otras medidas políticas de gran calado se decidirán a nivel europeo, como son la lucha contra el blanqueo de capitales o el acuerdo UE-EE.UU de comercio e inversión (más conocido como Tratado de Libre Comercio) que determinarán en gran medida la vida de los ciudadanos de Europa. También se definirán objetivos en cuanto a cuestiones de energía y clima con el horizonte del año 2030 que incidirán enormemente en los nuevos modelos productivos que adoptemos y en la sostenibilidad ambiental. y, además, se tratarán temas como la baja por maternidad o paternidad y el papel de las mujeres en los puestos directivos.

En definitiva, tenemos dos alternativas en estas próximas elecciones, aportar nuestra voz a través del voto o quedarnos al margen y que otros decidan por nosotros. Hay más de 100 opciones entre las que poder elegir para que se cumplan las metas de la Estrategia Europa 2020  y con el objetivo de una Europa social que cuente con las personas de todo el continente. Si lo que realmente queremos es invertir nuestros recursos en la lucha contra las desigualdades crecientes, la investigación y el desarrollo en busca de mejores modelos productivos y de una mayor sostenibilidad ambiental, realmente hay varias opciones que defienden eso, pero con toda certeza la opción no es quedarse en casa.

 

 

PROTESTAS, DESIGUALDAD Y POBREZA EN MELILLA

EAPN Melilla en RNE

El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Inclusión Social

Este Plan destinará 93 millones de euros al día a ayudar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad

El proyecto, elaborado en colaboración con ministerios, comunidades autónomas, entidades locales y, de manera especial, con el Tercer Sector de Acción Social, es un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación. Se trata del primer Plan de Inclusión de cuantos se han puesto en marcha en España que responde únicamente al compromiso político del Gobierno, y no a un mandato de la Unión Europea.

 

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Declaración Final de la X Asamblea General de EAPN ES

Reunidas en Alcalá de Henares, los días 14 y 15 de noviembre de 2013 las 19 redes territoriales y 16 entidades estatales de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) declaramos que:

Estamos asistiendo a una “naturalización” de los problemas con la excusa de la crisis económica y financiera. El sistema dominante está haciendo esfuerzos ingentes en “normalizar” la situación de fractura social que vivimos. Se está agudizando la “polarización” social, y esto tiene como resultado un aumento de la desigualdad (España es el país con mayor desigualdad de toda la UE).

 Las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sólo han beneficiado a los causantes de la misma, mientras han atacado directamente la línea de flotación de las personas más vulnerables, acentuando su situación de pobreza y exclusión social, y están empujando al riesgo de exclusión a sectores cada vez más grandes de la población. Las políticas actuales están  generando empobrecimiento y pérdida de bienestar, debilitando la cohesión social.

 El bienestar y la cohesión social son dos caras de la misma moneda, y se consiguen a través de muchas políticas, pero, en este contexto tiene especial relevancia la lucha contra la pobreza y la exclusión social que no consiste sólo en procurar seguridad material, sino en desarrollar estrategias integrales hacia la inclusión social. Esta política constituye un elemento esencial en un Estado social y democrático de derecho.

 Vivimos un proceso histórico que reenvía el compromiso del bienestar a las posibilidades del individuo rompiendo así los lazos que en la sociedad generan cohesión social. Para sectores muy importantes de la sociedad esos bienes quedan fuera de su capacidad individual. No se trata sólo de pérdida de derechos, sino de pérdida de las condiciones de acceso a los bienes vinculados a una vida digna.

 Se ha responsabilizado al individuo de su situación en una sociedad en la que las estructuras generadoras de desigualdad y exclusión quedan absueltas de responsabilidad. Todo ello en perfecta consonancia con el cambio en la “estructura del bienestar” cada vez más remitido a la concepción individualista de la sociedad, del bienestar fundado en los logros y en la capacidad de los propios individuos.

 En este escenario de cambio de modelo social, las ONG de acción social debemos “recuperar la solidaridad” y poner el bien común en el centro. Nuestra acción debe ser constructora de un nuevo modelo que ponga el acento en los derechos sociales como base de la sociedad y la democracia. No somos herramientas auxiliares que palian el abandono de las administraciones, sino que acudimos al “rescate” de las personas más vulnerables. Y este es nuestro compromiso moral y ético con toda la sociedad.

Reinvertir en políticas sociales, solución a la pobreza

Declaraciones de la representante de la Alianza Española contra la Pobreza, Gabriela Junquera, que ha criticado las políticas estructurales llevadas a cabo por el Gobierno y ha resaltado que «reinvertir en políticas sociales» sería la mejor solución para este problema que afecta a cerca de 12 millones de españoles, un 27% de la población.

El Ministerio de Sanidad prepara el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 para combatir la pobreza

El Ministerio de Sanidad prepara el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016 para combatir la pobreza.

Este proyecto está articulado en torno a tres objetivos: impulsar la inclusión socio-laboral a través del empleo de las personas más vulnerables; garantizar un sistema de prestaciones de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil; y la prestación de servicios básicos, como la educación, la sanidad y la vivienda, a toda la población, con especial énfasis en los colectivos más desfavorecidos.

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La necesidad del Primer Plan de Inclusión para la Ciudad de Melilla