Avanzando hacia un futuro en común

El próximo 22 de abril de 2017 Futuro en Común dará un nuevo paso adelante con el II Encuentro Intersectorial: Pobreza, Desigualdad, Insostenibilidad que tendrá lugar en el Espacio Intermediae de Matadero Madrid.

Un lugar que pretende conectarnos como personas, y como actores y actrices de nuestro presente, que acoja la diversidad de organizaciones y colectivos que participaremos, promueva el apoyo mutuo, y nos revolucione y empuje hacia una acción conjunta con compromiso y convicción.

En 2015 iniciamos un proceso colectivo en el que nos articulamos diferentes sectores sociales con sensibilidades distintas. Más de 50 organizaciones y movimientos sociales nos reunimos para dialogar sobre los problemas y luchas compartidas, y para trazar acciones conjuntas en torno a la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad ambiental. En aquella ocasión se tomó conciencia de que sólo sumando fuerzas lograremos transformaciones reales.

A raíz del primer encuentro elaboramos las piezas clave de un Futuro en Común, con un decálogo en el que se establecieron los principios que deberían estar en la raíz del modelo de sociedad que queremos construir. A lo largo de este tiempo también se han producido cambios importantes en el contexto político, económico y social, cuyo impacto sin duda debe de ser abordado.

En este el II Encuentro Intersectorial partiremos del análisis de las interrelaciones entre el paradigma económico, el retroceso democrático y la movilidad humana. Identificaremos las causas comunes de los problemas, siendo conscientes que las soluciones son complejas, interdependientes e interconectadas. Intentaremos buscar las relaciones entre cada temática, desde una mirada de sus efectos en la pobreza, las desigualdades, y la insostenibilidad.

Compartiremos experiencias que nos enriquezcan y nos den ideas de estrategias y herramientas para el cambio, para a continuación identifiquemos lo que nos une y nos impulsa a la acción conjunta.

Pretendemos que el II Encuentro nos sirva para seguir trenzando un relato común y una agenda conjunta de incidencia y movilización, que nos mueva a actuar con la fuerza de promover los cambios que nos proponemos conseguir.

Dos años más tarde, nos reafirmamos en la importancia de un abordaje colectivo de estos retos. Queremos continuar caminando y construyendo un relato común que ayude a transformar la sociedad e impulsar ese otro mundo, que sabemos que está en marcha y que requiere del  impulso de todas.

Para apuntarte al encuentro, puedes hacerlo desde este enlace https://goo.gl/e3dzhI. Puedes descargar el programa aquí. Si tienes alguna duda, puedes escribirnos a encuentrofec@futuroencomun.net.

Porque juntas somos más fuertes, apuesta por un #FuturoEnComún.

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LA EDUCACIÓN EN MELILLA, ESTADO DE LA CUESTIÓN 2017

Como viene siendo habitual desde hace más de una década, las entidades que formamos parte de la organización de la Campaña Mundial de la Educación (CME) en Melilla, hacemos balance del último año de la situación de la educación pública, que debe ser de calidad e inclusiva. Como dice el lema de la CME en todo el mundo en este año: Pedimos la palabra por la educación.

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Desde el punto de vista de la educación formal, el curso camina hacia su tercer trimestre  prácticamente como empezó: con problemas de ratio por resolver (con más escolares por aula de lo permitido por la norma legal y el sentido común); con menos personal docente y no docente de lo necesario; con el mayor índice de fragmentación socioeducativa y cultural de España según el Consejo de Estado; con una huelga general de educación; con la problemática por resolver de las oposiciones y la estabilidad del profesorado (con un excesivo número de interinos) y sin ningún nuevo centro educativo, a pesar de la evidente necesidad. Apenas se puede apuntar en lo positivo el comienzo de obras de un reiteradamente prometido Instituto de Secundaria, y la finalización de la obra “civil” de otro centro polivalente, el del mercado central, que acumula retrasos y promesas de apertura.

Desde el punto de vista de los menores sin escolarizar, se mantiene o empeora la situación anterior. La “Residencia de Estudiantes Marroquíes”, sigue siendo la válvula de escape para que aquellas familias con algún problema de documentación no escolaricen a sus menores, muchos de ellos melillenses, en los centros de la ciudad, a lo cual tienen todo el derecho del mundo: Por la Constitución española, las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, la Convención de Derechos del Niños firmada por España, la Ley del menor y la Ley de Extranjería.

Se está abriendo un nuevo periodo de escolarización en los centros educativos de Melilla, y una vez más, se pretenderá que aquellas familias que viven con arraigo en la ciudad pero sin estar empadronados o con algún otro tipo de problema, tengan que lidiar con las Secretarías de los centros para que simplemente les admitan los “papeles” en los colegios, a pesar de estar amparados por la ley. Este impedimento de no admitir solicitudes de escolarización es la estrategia que el MECD utiliza para negar que haya en Melilla tantos niños y niñas sin escolarizar. Como intentan que no tramiten su solicitud, pretenden hacer creer a la justicia y a la sociedad que no se está negando a nadie la escolarización: a efectos estadísticos estos casos no existen.

Estas familias tienen derecho a la educación de sus hijos e hijas y la cuestión es: ¿por qué no lo denuncian? En el caso de que en los centros se les llegara a explicar la verdad de la situación, posiblemente por un doble motivo. En primer lugar, por miedo de las consecuencias que les puede acarrear exigir el derecho fundamental de la educación en una ciudad española y europea, por intentar que la administración simplemente cumpla la ley.

Y por otra, porque la “Residencia”, de titularidad marroquí, ofrece su espacio a las familias que lo solicitan.

Y se vea por donde se vea, esto es una vergüenza, desde el punto de vista de la educación como derecho humano universal, además de ser la única forma de evitar una cadena que lastrará el futuro de Melilla, puesto que estos niños crecerán aquí, como hoy viven aquí igual que sus progenitores.

En este año, sin embargo, se ha producido una importante novedad en esta situación, pero por ahora no aquí, sino en Ceuta. Los casos de menores ilegalmente no escolarizados se denunciaron, por parte de ONG pero también por parte de diferentes partidos, ante la fiscalía de la ciudad hermana en 2015.

El resultado en Ceuta de esta denuncia ha sido que el Ministerio Fiscal, ya en 2016, haya decidido instar al MECD a tramitar las solicitudes de escolarización de estos niños a los que se les ha negado el derecho a la escolarización en Primaria y Secundaria.

Ahora, solo estamos a la espera de que la Fiscalía, que debe aplicar un criterio único en sus posicionamientos en toda España, aborde definitivamente el sonrojante hecho de ser la única ciudad en nuestro país con tantos niños y niñas sin poder ir al colegio, negándoles su presente y el futuro de todos.

Y por último, pero no por ello menos presentes en la vida de la ciudad, abordamos el tema de los denominados MENA: Menores No Acompañados, tutelados por la Ciudad Autónoma de Melilla.

Los 70 u 80 menores pertenecientes a este colectivo, que malviven en nuestras calles al no ofrecerles el centro un futuro real, tienen derecho a la educación, aunque puedan no querer ejercerlo: es responsabilidad de la administración pública su consecución.

En este aspecto prácticamente no se ha avanzado casi nada. Mientras se debate sobre las complejas relaciones internacionales del problema, mientras los gobiernos -también el español- han firmado el compromiso con la educación plena de calidad para 2030, desde la CME solo señalamos la necesidad de que se cumpla el derecho universal a la educación. Y que se trabaje por fin por parte del gobierno español con el marroquí para llegar a un acuerdo que proteja a los niños y niñas de una vez.

Destacamos que se han producido algunos hechos que consideramos positivos, como diversas iniciativas de ONG que ponen sus recursos a disposición de la atención de estos menores tutelados pero no tratados adecuadamente. También nos gustaría destacar próximamente como positivo que se deje de amenazar con denuncias a las ONG y, recientemente, incluso a universidades como la católica Universidad Pontificia de Comillas por hacer públicos informes que son críticos con la gestión de la Consejería de Bienestar Social y evidencian lo que cualquiera puede ver. Incluso se ha llegado a dudar de sus aspectos metodológicos o académicos, algo que obviamente no corresponde a la administración pública, que debía evaluar más bien sus propias políticas y centros. Querríamos pensar que no se está intentando “matar al mensajero” en un palpable problema con la atención y la educación legalmente debida a estos menores; contribuyendo así además a que se alimente entre la ciudadanía un rechazo y una sensación de inseguridad contra niños, para el mal de todos y de nuestra dignidad como ciudad del siglo XXI.

Las críticas que se hagan desde informes de organizaciones sociales y universidades a las políticas públicas sociales en la ciudad de Melilla, tanto si son de MENA como si son de cualquier otro tipo, no pueden tener nunca como conclusión que es mejor cerrar al conocimiento público lo que se hace con nuestros impuestos. Por todo ello, instamos tanto a la administración pública como a todos los partidos políticos a que realicen una evaluación rigurosa de las condiciones que padecen estos niños, de las causas que los llevan a jugarse la vida en el puerto a diario en vez de estar en un centro municipal, de la gestión y el personal de los mismos y, en definitiva, a actuar inmediata y responsablemente con la educación integral de estos menores.

 

Campaña Mundial por la Educación (CME Melilla)

La pobreza infantil de hoy, la falta de cohesión social de mañana

El preocupante aumento de la desigualdad y la pobreza en España en los últimos años tiene como principales  perjudicados a varios colectivos. En general, son los sectores más desfavorecidos y con menores niveles de renta los que han sufrido las peores consecuencias, como ha quedado demostrado en diversos informes y estudios recientes de importantes organismos y entidades sociales. Y es el colectivo de la infancia, junto con los jóvenes, los que en mayor medida han visto incrementados sus respectivos índices de pobreza y exclusión social, siendo en la actualidad más de una de cada tres, en ambos colectivos, las personas que se encuentran en estas situaciones en nuestro país. En los años más duros de la crisis, mientras que  la renta del 20% de la infancia que contaba con más recursos se redujo en un 6,5%, la de los niños y niñas del 20% más pobre de la población lo hizo en un 32%.

En Melilla, según los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 33,7% de los menores 18 años están en situación de pobreza. Es decir, que serían unos 8.212 menores de edad residentes en la ciudad que viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Por ejemplo, para un hogar compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años el umbral de pobreza se sitúa en  una renta anual de 16.823 euros (incluidas las prestaciones sociales), lo que equivaldría a 1.402 euros mensuales de presupuesto familiar. Si tenemos en cuenta que el precio medio del alquiler de una vivienda (digna y con cédula de habitabilidad) con dos habitaciones en Melilla oscila entre los 500-600 euros/mes, a esta familia le restarían menos de 900 euros para afrontar otro tipo de gastos ineludibles como suministros básicos (luz, agua, tasas municipales, etc), alimentación, vestimenta, calzado, materiales escolares, transporte, medicamentos, gastos imprevistos, ocio, cultura, formación…

Hemos visto en los últimos años como disminuyen los índices de desempleo y aumenta el llamado “crecimiento económico”, sin embargo disminuye la calidad del empleo y aumentan lo que ya venimos conociendo como trabajadores pobres e incluso los trabajadores sin hogar. El vertiginoso aumento de la desigualdad en estos años en España ha hecho que seamos el sexto país más desigual de toda la UE y, dentro de la OCDE somos el segundo en el que más ha crecido la desigualdad durante la crisis, catorce veces más que en Grecia, por ejemplo. Es evidente que esto tiene efectos negativos en la llamada productividad de un país. La concentración de riqueza cada vez en menos manos lleva aparejada la disminución de la misma en los sectores más desfavorecidos, como hemos podido comprobar en nuestro país (sin olvidar que los sectores de estratos sociales intermedios también han perdido poder adquisitivo).

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Según el FMI  si aumenta un punto la porción que de la renta de un país se lleva el  20% más rico de la población, el crecimiento económico es un 0,08% menor de lo que debiera. Si el que se lleva un punto más de la renta nacional es el 20% más pobre, el crecimiento del PIB es un 0,38% mayor.

En este sentido, a falta de un mercado de trabajo con la capacidad de “absorver” a las personas excluidas del mismo, y con unas previsiones de futuro en este sentido bastante pesimistas (se prevé una mayor pérdida de puestos de trabajo asociadas al desarrollo tecnológico para los próximos años) la solución creemos que pasa por unos ingresos mínimos garantizados para los colectivos más vulnerables.

Desde la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España se propone lo siguiente, como medidas más urgentes para la reducción de la pobreza:

  1. Elaborar e implementar un marco estatal para el Sistema de Rentas Mínimas Garantizadas (que permita que los hogares perceptores se sitúen por encima del umbral de la pobreza teniendo en cuenta la composición familiar y los presupuestos familiares de referencia de cada CC.AA y Ciudad Autónoma). Es fundamental relacionar las Rentas Mínimas con ayudas a la vivienda y a los suministros, porque se trata de un problema grave para muchas familias en situaciones vulnerables, que demandan este tipo de ingresos.
  2. Desarrollar y mejorar la cuantía de la Prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social , actualmente de 25 euros al mes por cada hijo y sólo para hogares con rentas inferiores a 11.576 euros al año, estamos claramente a la cola de Europa en esto. Recientes estudios demuestran que a mayor pobreza de las familias esta medida es más eficaz. El incremento en la cuantía y umbrales de renta podrían llegar a reducir hasta el 17,8% de la pobreza infantil moderada y un 40% de la pobreza infantil extrema. Y ahí tenemos el ejemplo de Irlanda un país que ha sufrido una crisis económica de similares características a la nuestra que ha apostado, en los últimos años, por un incremento considerable de la prestación por hijo a cargo (actualmente 140 euros mensuales por cada hijo) logrando reducir la pobreza infantil del 44% al 17% actual, con el apoyo de otras políticas de protección social.

Según el último Informe de la Fundación FOESSA (Cáritas) España invierte muy poco en familia e infancia, concretamente, el 1,3% del PIB, frente al 2,2% de la media de toda la UE. Sin embargo, somos el segundo país con más pobreza infantil. El “gasto” (inversión) en infancia y familia representa el 5,3% del total de “gasto” (inversión) en protección social, mientras que en la UE la media del gasto o inversión en infancia y familia supone el 7,5%.
Necesitamos una apuesta de nuestros recursos económicos más decidida y una mayor eficiencia en la gestión de la protección social porque la pobreza y la exclusión social de nuestra infancia y de nuestros jóvenes de hoy probablemente nos conducirán a una sociedad aún más desigual con efectos muy negativos para la cohesión social.

La pobreza se hereda. Se estima que el 80% de la de las niñas y niños que se encuentran hoy en situación de pobreza pueden convertirse en adultos empobrecidos, según el reciente informe de Save the Children “Desheredados” y también según el del pasado año de FOESSA “La transmisión intergeneracional de la pobreza”. Como decía el sociólogo, recientemente fallecido, Zygmunt Bauman, se mide la capacidad de un puente para soportar el peso, por la fuerza de su pilar más débil. La calidad humana de una sociedad debería medirse por la calidad de vida de sus miembros más débiles.

Sabemos cuál es la teoría, y los instrumentos y recursos están a nuestro alcance para conseguirlo. Hace falta voluntad política y una apuesta decidida por la infancia, por el futuro más allá de intereses electoralistas y a corto plazo.

Nos congratulamos por el anuncio que desde la CAM han hecho público recientemente de su intención de llevar a cabo un estudio sobre la pobreza infantil en Melilla para el año 2018. Aunque creemos que es urgente adelantarlo, aprovechamos para mostrar nuestra total predisposición para colaborar en el mismo.

Seminario de Participación: Empleo decente para la inclusión social (Conclusiones y propuestas)

El pasado 20 de octubre, llevamos a cabo el VII Seminario de Participación de personas en situación de pobreza y/o riesgo de exclusión social en Melilla. Este año la temática era la siguiente: “Empleo decente para la inclusión social”.

El objetivo de este Seminario de Participación es analizar la relación entre exclusión social y empleo contando con la visión, reflexión y propuestas de las personas participantes (atendidas en las entidades miembros de EAPN-Melilla). Este año participaron Movimiento por la Paz, ASPANIES-Plena Inclusión y Melilla Acoge, siendo en total veinte las personas asistentes.

Este tipo de seminarios pretenden generar un espacio de encuentro, debate y propuestas para que las personas en distintas situaciones de vulnerabilidad social reflexionen y hagan aportaciones sobre cómo solucionar los problemas que les afectan. Se trata en definitiva de contribuir a que sean protagonistas de sus propios procesos de inclusión social, de manera activa e informada. De esta forma, además de una preparación previa para seminario en sus respectivas entidades, en la primera parte del seminario tuvieron lugar dos ponencias en las que se analizaba la situación del acceso al empleo en nuestra ciudad para los colectivos en riesgo de exclusión y/o pobreza. Así mismo, también se hizo un repaso a los recursos y programas que se llevan a cabo en Melilla para la incorporación al mercado de trabajo de estos colectivos, y para la mejora de su formación y orientación socio-laboral. Ambas ponencias fueron llevadas a cabo por Francisco Torres (Secretario de Organización de CC.OO Melilla y por Isabel Ruíz profesora de orientación para el empleo y la igualdad de oportunidades, con amplia experiencia en cursos de formación tanto de PROMESA como del Servicio Público de Empleo Estatal )

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              Desde EAPN trabajamos para dar voz a estas personas y acercar sus necesidades, demandas y propuestas al resto de la sociedad. Pero fundamentalmente a los representantes políticos y a los gobiernos que son quienes, en última instancia, tienen poder de decisión para implementar medidas y legislar. A ellos fundamentalmente, van dirigidas las conclusiones y propuestas que sacaron estas personas en la segunda parte del seminario a través de cuatro grupos de trabajo que formaron en diferentes mesas.

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Conclusiones y propuestas más destacadas, y en las que más coincidieron, fueron:

  • Aumentar y mejorar los servicios de la Inspección de Trabajo para que se cumpla la ley.
  • Reformar la Constitución para que los derechos sociales, culturales y económicos se conviertan en Derechos Fundamentales (que si no se cumplen se pueda denunciar)
  • Establecer complementos salariales (por parte del Estado) para aquellos trabajos que no llegan al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
  • Mejorar los servicios de conciliación de la vida laboral y personal (guarderías públicas y gratuitas, espacios de refuerzo escolar gratuitos para familias sin recursos, prestación por hijo a cargo)
  • Facilitar la creación de empresas para personas sin recursos o en riesgo de exclusión social a través de microcréditos para poder invertir al principio.
  • Si no hay trabajo suficiente para todos y todas que se establezca un sistema de Renta Básica para quienes no pueden encontrar empleo (unificado en todo el país y digno económicamente para cubrir las necesidades de las familias con este problema.
  • Garantizar los proyectos educativos dentro de los centros penitenciarios, así como la inserción laboral de los internos, atendiendo a la igualdad de oportunidades, con medidas educativas y no represivas.

Según el artículo 35 de la Constitución Española, “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

  • Proponen que se destinen más recursos para atajar las desigualdades que se dan en el mercado de trabajo por razón de sexo.
  • Que se aumente el Salario Mínimo Interprofesional de los 655 actuales a los 1.000 euros para poder satisfacer las básicas de las personas y las familias. Algunas expresiones destacadas de las que se oyeron: “¡Es insuficiente!: el alquiler en Melilla mínimo 500 euros, paga facturas (luz, agua, gas, estudios de los niños, ropa, academias, etc” “Nuestros hijos también tienen derecho a disfrutar de vacaciones, ocio, etc. No todo en la vida es trabajar para pagar facturas.”Que se acabe con los trabajos precarios, la explotación laboral y el aprovechamiento y el engaño de la gente que no está bien formada o no conoce en profundidad la normativa laboral. Algunas expresiones destacadas: “te contratan por dos horas y acabas trabajando 18” “Entras con una categoría profesional y acabas haciendo de todo…”
  • Proponen manifestarse para que expresar estas desigualdades e incumplimientos de la ley. Denunciar las situaciones de discriminación que sufren los distintos colectivos en riesgo de exclusión.
  • Formar también a las empresas y a sus trabajadores en las adaptaciones y procesos de acogida de las personas con alguna discapacidad intelectual o física. Así como en el respeto a la diversidad y a la no discriminación por motivos de género, etnia, religiosos, culturales o de clase social.
  • Que los Planes de Empleo que se llevan a cabo en la ciudad vayan rotando porque hay familias que trabajan todos los años, e incluso hogares donde trabajan dos o tres miembros de la familia, y en otros no trabaja ninguno.
  • El “Empleo con Apoyo” significa mucho para las personas con discapacidad intelectual. En nuestra ciudad se necesitan empresas destinadas al “Empleo con Apoyo” y especializadas para conseguir una adaptación laboral positiva.
  • Establecimiento de “Empresas de Inserción” de calidad fomentando la colaboración de las administraciones públicas, entidades sociales y empresas privadas. Es fundamental y no hay oferta en la ciudad.
  • El emprendimiento podría ser una opción en algunos casos para nuestros colectivos pero hace falta asesoramiento, orientación y acompañamiento en los primeros años. Y sobre todo un impulso económico inicial al que no podemos acceder (incluso las ayudas que hay te exigen una inversión inicial, que luego te devuelven, pero es que no podemos acceder ya que no tenemos para iniciar)

 

En cuanto a los recursos de formación destinados a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral destacan que:

  • Pocas personas saben de la existencia de los servicios de orientación laboral, tampoco los ven demasiado útiles tal como están planteados en la ciudad: “Siempre hacemos los mismos cursos, se da la misma formación. Son útiles sí, pero siempre son de los mismos ámbitos”
  • Proponen homologación de títulos, evitar titulaciones que no puedan ser homologadas y recursos para personalizar los itinerarios

EL ESTADO DE LA POBREZA: SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE RIESGO DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 2009-2015

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado esta semana, en el Espacio Pozas de Cruz Roja Madrid, su VI Informe ‘El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009 – 2015’. Esta presentación se produce en el marco de la Semana de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que finaliza el próximo 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Este VI informe muestra un empeoramiento generalizado de la situación social en todo el Estado desde el año 2009. El incremento reciente de ciertos indicadores macroeconómicos sólo consigue mantener la desigualdad y no se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de las personas que viven en España, incumpliendo los objetivos sociales previstos en la Estrategia Europa 2020. Transcurrida ya la mitad del período previsto para su consecución, puede afirmarse que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que ésta ha aumentado considerablemente. Entre los años 2011 y 2015, el indicador europeo AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión social) muestra un incremento de 1.062.084 nuevas personas.

A día de hoy, 13.334.573 personas viven en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España (28,6 % de la población). De este total, la situación más grave la viven más de 3,5 millones en situación de pobreza severa, es decir, por debajo del umbral del 30% de la mediana de la renta (333,8 euros mensuales para un hogar de una sola persona).

MAPA DEL INDICADOR AROPE (2015) POR CC.AA

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Carlos Susías, presidente de EAPN España, destacó durante la presentación que “la situación de pobreza que vivimos en a día de hoy en España es consecuencia de directa de la ausencia de una política clara de lucha contra esta situación, que se traduce en un empeoramiento paulatino de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
Por su parte, Graciela Malgesini, responsable de asuntos europeos e incidencia política de EAPN España, destacó “el incremento de la desigualdad en los últimos años, que nos sitúa en tercer lugar de la UE, sólo por detrás de Rumanía y Serbia”. Por su parte, Juan Carlos Llano, sociólogo autor del informe, señaló el factor territorial como un elemento clave para comprender la pobreza en España: “En este sentido, se debe destacar la enorme desigualdad entre las comunidades autónomas y la imperiosa necesidad de reducirla.”

Los datos de pobreza extrema, análisis de los umbrales de pobreza autonómicos,contracción de la clase media, importancia de las pensiones en el cálculo de las tasas de pobreza y la relación entre la bajada del indicador AROPE con la salida de España de población inmigrante son algunas de las principales novedades que recoge este informe y que dibujan un mapa pormenorizado de la situación social en todo el Estado.

Datos principales de El Estado de la Pobreza 2016

En la UE-28, el indicador de riesgo de pobreza y exclusión europeo (AROPE) de 2015 llega al 24,4%, un total de 122,3 millones de personas. En el caso de España, el AROPE es del 28,6%, un total de 13.334.573 personas. En este contexto, España es el tercer país con mayor desigualdad de la UE, después de Rumania y Serbia.

La mitad (50,1%) de las familias monoparentales españolas están en riesgo de pobreza o exclusión social.

3.543.453 personas viven en pobreza severa, es decir que tienen ingresos por debajo del umbral del 30% de la mediana de la renta (333,8 euros mensuales para el hogar de una sola persona).

La tasa de trabajadores/as pobres (que no superan el umbral de pobreza, a pesar de tener un trabajo) ha pasado de 11,7% en 2013 a 14,2% en 2014 y a 14,8% en 2015.

La tasa de privación material severa ha ascendido del 4,5% en 2009 al 6,4% en 2015, afectando a 2.993.365 personas.

Las tasas de AROPE más altas están en Andalucía, con 43,2%, y Ceuta, con 41,7%. Las más bajas corresponden a Navarra, con 13%, y el País Vasco, con 17,6%. (Si se utilizan las rentas territorializadas las diferencias entre CCAA son mucho menores)

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DATOS PRINCIPALES DEL INFORME SOBRE MELILLA

  • A 1 de enero de 2015, la población de la Ciudad Autónoma de Melilla alcanza a las 85.584 personas censadas, con una población inmigrante de 12.944 personas que suponen el 15,1 % del total de la población. La Ciudad Autónoma de Melilla es el único territorio en el que no se ha producido una reducción de la población inmigrante. Por el contrario, desde 2012 se ha incrementado en 1680 personas (14,9%)
  • El 31,8 % de la población de Melilla (unas 27.000 personas) está en riesgo de pobreza y o exclusión social en el año 2015. La cifra es moderadamente alta y algo más de tres puntos por encima de la media nacional. En el último año, el crecimiento de la tasa ha sido de 6 puntos porcentuales, lo que no le ha impedido acabar el período como el único territorio español en el que se ha reducido la tasa AROPE. En cualquier caso, el crecimiento de la población provoca que el número de personas en Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social en la Ciudad Autónoma de Melilla se haya incrementado en 2.300 en la totalidad del período (2009-2015).
  • En términos cuantitativos, el principal componente del AROPE es la Tasa de Riesgo de Pobreza. En el año 2015, el 25,8 % de la población de la ciudad autónoma está en riesgo de pobreza. Esta cifra es más de 3 puntos porcentuales superior a la media nacional. En términos absolutos, en Melilla hay unas 22.000 personas en riesgo de pobreza. En el último año la tasa de pobreza (monetaria) se ha aumentado 6 puntos. En el conjunto del período (2009-2015), el número de personas en riesgo de pobreza (monetaria) se ha reducido 4 puntos.
  • Además, el 3,9% de la población de Melilla está en situación de pobreza extrema lo que supone unas 3.000 personas que tienen que sobrevivir con ingresos inferiores a 332 € mensuales por unidad de consumo. Es importante subrayar que en el último año la pobreza extrema se ha reducido en 7,7 puntos.
  • Un importante número de personas mayores está en situación de pobreza. El importe del 52,1% de las pensiones, es decir las correspondientes a 3.969 personas mayores, está por debajo del umbral de la pobreza.
  • El 15,1 % de la población de Melilla vive en situación de Privación Material Severa, unas 13.000 personas. Puede destacarse que el 10,3 % de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días; y el 19,7 % no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada en invierno y que el 43,3 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.
  • Finalmente, durante los años de crisis la evolución de la renta media por persona ha sido negativa y de gran intensidad. Actualmente, la renta media por persona es de 10.027 € al año, 392 € menos que la media nacional y 1.021 € menos que la disponible en 2009, lo que supone una reducción del 9,2 %.

***NOTA IMPORTANTE***

La mayoría de los datos utilizados en este informe están extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística.

La muestra que utiliza el INE  en Melilla es muy pequeña, tan sólo de 288 hogares, por lo que el margen de error es de más del 8% que ya es demasiado elevado desde el punto de vista técnico. Pero es que, además, la elección de las secciones censales de la muestra es aleatoria, y dada la elevada segregación residencial que existe en Melilla (en términos de concentración de la pobreza en determinadas zonas)  esta elección aleatoria de los hogares encuestados da lugar a graves errores y fluctuaciones. Significa que, según el año de la encuesta, se escogen secciones censales al azar, por lo que un año determinado los hogares seleccionados pueden ser mayoritariamente de zonas de la ciudad donde los niveles de pobreza y/o exclusión social no son elevados, o al contrario.

Este hecho da lugar a variaciones importantes en los indicadores que no se corresponden con la realidad, y que sólo se observan en Ceuta y en Melilla, en ninguna otra CC.AA se dan tan pronunciados cambios ya que emplean una metodología más adecuada.

Exigimos, por tanto, a la Ciudad Autónoma de Melilla que solucione esta circunstancia, ya sea haciendo estudios propios de manera regular o instando al INE para que los datos sean igual de válidos que para el resto del territorio nacional.

Es fundamental contar con instrumentos válidos para poder evaluar de manera correcta el resultado de las políticas sociales y de lucha contra la pobreza y la exclusión social en nuestra ciudad. Más aún, si cabe, cuando el propio

PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 2013-2017 señala:

(…) La implementación de esta evaluación se basará principalmente en el seguimiento de los distintos indicadores que puedan ofrecer fuentes secundarias (Encuesta de Condiciones de Vida del INE, EPA, etc.) (pag: 100 )

XI Seminario de Participación: “Empleo digno para sociedades inclusivas”

Los días 23, 24 y 25 de junio, la ciudad de Valencia acogió el XI Seminario de Participación, de personas en riesgo de exclusión social. La temática de este año fue ‘Empleo digno para sociedades inclusivas’. Este tipo de encuentros los organiza cada año la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social en el Estado español (EAPN – ES) con la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, este año, en colaboración con EAPN de la Comunitat Valenciana (EAPN CV)

Este Encuentro, en el que participaron 150 personas en situación de vulnerabilidad social venidas de toda España, sirvió para analizar la relación empleo-exclusión, así como para generar un espacio de encuentro, debate y propuestas para que las personas participantes realizaran sus aportaciones sobre cómo solucionar los problemas que más les afectan, así como conocer algunas experiencias positivas que se están desarrollando en todo el Estado.

La dinámica del encuentro se basó, como viene siendo habitual en una serie de charlas y mesas redondas llevadas acabo por distintos técnicos y/o investigadores de diferentes organizaciones que sirvieron como contextualización y apertura del debate y trabajo en grupo posterior. Durante los días del Seminario las mesas de debate fueron las siguientes:

Mesa-Marco: Empleo digno (Obj: Introducción general y a los temas)

Introducción: Ruth Casas (Delegación Galicia)

  • Judith Carreras García, Consejera de la OIT España
  • Joan Ramón Sanchís, Director IUDESCOOP. Universidad de Valencia
  • Elena Gil y Yolanda Lirón, Grupo de empleo EAPN-ES

Moderación: Pilar Almenar, Periodista freelance

Mesa I: Empleo, acceso y derechos

Introducción: Rafael Aranda (Delegación Andalucía)

  • Ana Hermoso, CCOO
  • Teresa Villanueva, Cáritas Española

Moderación: Pura Gómez, Periodista RNE

Mesa II: Experiencias de inserción laboral: empleo protegido, dispositivos de formación, empresas de inserción.

 Introducción: Antonio Durán (Delegación Comunidad Valenciana)
  • Nieves Ramos, presidenta de AVEI (Asociación valenciana de Empresas de Inserción) y FEDEI (Federación de Asociaciones de Empresas de Inserción)
  • Rocío Briones, Directora General de Empleo y Formación del SERVEF
  • Alfonso Gutiérrez, Presidente de la Asociación española de empleo con apoyo (AESE)

Moderación: María José Membrado, Asociación Alanna (EAPN CV)

Mesa III: Los sistemas de rentas no contributivas y el empleo

Introducción: Luis San Jorge (Delegación Asturias)

  • Ana Arriba, Universidad de Alcalá de Henares
  • Graciela Malgesini, EAPN-ES

Moderación: María Concepción María, CEAR PV (EAPN CV)

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Una vez finalizada cada mesa de debate los participantes, personas en situación de vulnerabilidad social, e inmersos en procesos de participación pertenecientes a las entidades miembro de las distintas EAPN de todos los territorios del país, se reunieron en mesas de trabajo para llegar a acuerdos, conclusiones y propuestas de cada tema. El resultado de este trabajo se traslada a los “decisores políticos” de las administraciones locales, regionales y estatales para que sean tenidas en cuenta por parte de nuestros gobernantes a la hora de elaborar las políticas correspondientes. Se trata, en definitiva, de un proceso de participación social e incidencia política de las personas con menos oportunidades, con el foco puesto en la mejora de los procesos de inclusión social y, en este caso, del empleo decente como punto de partida de los mismos.

 

Además, como novedad este año y coincidiendo con las elecciones legislativas del 26-J, se organizó una dinámica en la que cada delegación de EAPN territorial tenía que que crear un partido político con sus respectivas propuestas sobre los temas tratados en cada mesa. Cada partido se presentaría a los demás en la “Plaza de la Democracia” y, tras un período de reflexión, al día siguiente se votaría a las mejores propuestas y al mejor partido.

 

Las propuestas de cada partido se pueden consultar en el siguiente enlace:

PROPUESTAS

Y, a continuación, os dejamos el decálogo de propuestas más votadas entre todos los asistentes que será también enviado a las autoridades competentes para que tengan en cuenta los puntos de vista de las personas en en situaciones de vulnerabilidad social, que dedican su tiempo y su esfuerzo para fomentar la participación social y la calidad democrática de nuestra sociedad.

DECÁLOGO PROPUESTAS MÁS VOTADAS

 

Nuestra delegación de EAPN-MELILLA estuvo formada por tres mujeres que participan en la entidad Melilla-Acoge y por el técnico de nuestra red:

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Desde EAPN seguimos trabajando y fomentando procesos de participación para que la voz de las personas con menos oportunidades se escuche más fuerte y sus propuestas y necesidades sean tenidas en cuenta por nuestros gobernantes.

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Un Pacto contra la Pobreza Propuestas de EAPN-ES ante las elecciones del 26 de junio de 2016[i]

 

Creemos que la cita del 26 de junio puede ser una excelente ocasión para demostrar que realmente existe una voluntad política compartida de asumir el reto de reducir significativamente la pobreza,  la exclusión y la desigualdad, por parte de los partidos políticos que aspiran a formar gobierno.

 

Por ello, lanzamos esta propuesta de compromiso conjunto por un Pacto contra la Pobreza, dirigida a lograr, entre todos los actores políticos, económicos y sociales, la reducción de las graves desigualdades existentes y a la mejora del bienestar humano de más de 13 millones de personas que actualmente están en riesgo de pobreza y exclusión.

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España se encuentra entre los países con el nivel más elevado de desigualdad[ii] y es el país donde más aumentó esta durante la crisis, impulsada principalmente por el desempleo, la baja calidad del empleo creado y la polarización de los ingresos entre las personas ocupadas.[iii]

 

A pesar del incipiente crecimiento económico, la situación social de nuestro país sigue siendo muy grave, con un 28,6% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE), por estar en pobreza relativa, en privación material severa y/o por vivir en hogares en desempleo.[iv] La situación de pobreza relativa, que afecta en total al 22,1% de la población[v], es más grave para algunos grupos concretos, como la infancia (28,8%, es decir uno de cada tres niños y niñas), las personas jóvenes (38,2%) o la población extranjera extracomunitaria (55,4%). También ha aumentado el porcentaje de personas trabajadoras pobres (del 17,6% en 2014 al 18,1% en 2015), lo cual demuestra que 2 de cada 10 empleos actuales no permiten una vida sin pobreza. A pesar del incremento del empleo de 2015, el paro sigue estando entre los más elevados de la UE, por encima del 20%, afectando más a las mujeres, a las personas jóvenes, mayores de 45 años, y personas pertenecientes a colectivos en situación de especial vulnerabilidad, entre los que se encuentran las minorías étnicas y la población extracomunitaria. Otros problemas destacados son el fracaso escolar y, especialmente, la elevada tasa de abandono escolar temprano (el doble de la media europea) las cuales, asociadas a los datos anteriores, representan una amenaza para el capital humano, el desarrollo y la cohesión social a presente y a futuro.

 

El Pacto contra la pobreza que proponemos es urgente y  necesario porque, además de las circunstancias descritas, el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza sigue siendo escaso, especialmente en el caso de la infancia. Por otra parte, sigue habiendo grandes disparidades y desequilibrios  regionales en cuanto a los datos de pobreza y exclusión, así como en  las políticas y medidas de protección social puestas en marcha. Es necesario construir un país más justo socialmente, en el que todos y todas compartamos los mismos derechos.

 

Por último, destacamos que la creciente desigualdad social y la pobreza persistente son también un grave problema económico, que impiden garantizar una senda equilibrada, duradera, integradora e inclusiva de un modelo de desarrollo sostenible que sitúe como centralidad a la persona y al territorio.

 

Las medidas que proponemos:

 

EAPN-ES considera urgente y necesaria una reforma de la Constitución que recoja los derechos sociales como derechos subjetivos, para lo cual habría que elevar el rango de algunos que están ya mencionados, y/o incorporarlos al capítulo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.

 

Creemos que la reforma también debería contemplar el papel del Tercer Sector como agente en el diálogo civil y social. Esta reforma es necesaria para consolidar un marco estable, moderno, equilibrado y desarrollado del Estado del Bienestar, en consonancia con el marco europeo al cual pertenecemos. La democracia y el cambio constitucional hoy día, pasa por reconocer el papel crucial del Tercer Sector de Acción Social.

 

Las medidas que proponemos a continuación constituyen la esencia del Pacto contra la Pobreza  y un catálogo de gobierno para todos y todas, con el interés común como el mejor de los intereses.

 

1.     Propuestas sobre inclusión activa y cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020

Como perspectiva integral, proponemos que se implante el enfoque de inclusión activa, basado en un empleo digno y de calidad, el acceso a ingresos garantizados en caso de desempleo, y el acceso a servicios sociales eficaces y asequibles.

EMPLEO

Objetivo: Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%. No obstante, el empleo creado tiene que permitir un nivel de vida digno, por encima del umbral de la pobreza, al menos.

a)    Elaborar una estrategia de desarrollo económico productivo e integrador generadora de empleo de calidad que cuente con las políticas de protección como elemento nuclear de impulso económico.

 

b)    Invertir en capital humano, con sistemas integrados que aborden medidas  de acompañamiento, motivación para el empleo, autoestima, formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y superar los cambios tecnológicos.

 

c)     Apoyar la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las Pymes para lograr los objetivos sociales.

 

d)    Aplicar políticas de empleo y formación efectivas para el tránsito entre empleos de la población joven española, con el fin de que no tengan que salir de España para lograr un empleo y un sueldo dignos con los que llevar una vida digna y de calidad.

 

e)     Establecer objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o diversidad funcional, cabezas de familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.

 

f)       Promover una Ley de Empleo Inclusivo.

 

g)     Avanzar en los recursos de conciliación de la vida laboral y personal/familiar, a fin de mejorar la actividad y el empleo, particularmente de las mujeres.

 

h) Impulsar las empresas de economía social y las entidades de acción social, como generadoras de un empleo de calidad basado en la centralidad de la persona y en el desarrollo de las potencialidades endógenas del territorio.

 

i) Aprobar un gran Pacto por el empleo que cuente entre sus actores, con la economía social y las entidades del tercer sector de acción social.

 

 

SISTEMA DE RENTAS MÍNIMAS GARANTIZADOS
a)    Elaborar e implementar un sistema de Rentas Mínimas Garantizadas que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza (teniendo en cuenta la composición familiar). Para este fin, se deberá:

·        Elaborar un marco estatal de Rentas Mínimas que pueda ser complementado por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas, así como de los recursos no contributivos de la Seguridad Social, para que permitan un nivel de vida digno. La definición de las cuantías deberá estar relacionada con el salario mínimo, ajustado mediante presupuestos familiares de referencia en cada Comunidad y Ciudad Autónoma.

·         Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, implantar una Prestación económica por hijo/a menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar, y apoyo al alquiler.

·        Es fundamental relacionar las Rentas Mínimas con ayudas a la vivienda y a los suministros, porque se trata de un problema grave para muchas familias en situaciones vulnerables, que demandan este tipo de ingresos.

 

 

ACCESO A SERVICIOS (SANIDAD, VIVIENDA, ENERGÍA Y SERVICIOS SOCIALES)
a)     Garantizar la atención sanitaria universal a todas las personas, dado que la salud es un derecho humano fundamental inalienable, a fin de reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, revirtiendo para ello la aplicación del decreto ley 16/2812.

 

b)    Dedicar más esfuerzo normativo y de recursos en la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo, los asentamientos chabolistas y la pobreza energética. En el caso de la vivienda social, con el fomento, por medio de un Plan Estratégico de Vivienda dotado suficientemente, de fondos de vivienda social, especialmente en régimen de alquiler asequible. En cuanto a la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.

 

c)     Reformular la Ley de “Segunda Oportunidad” estableciendo mecanismos, verdaderamente eficaces y sencillos, para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito hipotecario, puedan volver a funcionar activamente como ciudadanos/as.

 

d)     Reformar la ley 27/2013 sobre la administración local para reconocer los SERVICIOS SOCIALES como actores principales del desarrollo y la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos. Para ello, es necesario multiplicar por diez la dotación del Plan Concertado.

 

 

 

EDUCACIÓN

Objetivo: Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria.

a)    Implementar un sistema real y efectivo de educación equitativa y no segregadora que compense las situaciones de desigualdad que afectan al alumnado y que contemple elementos tales como la escolarización temprana, el tiempo escolar no lectivo en primaria, los servicios de comedor, la calidad de las infraestructuras en los centros y conectividad en las aulas, la prevención del abandono escolar temprano y el personal especializado en detección y tratamiento de menores en situación de vulnerabilidad.

b)    Establecer la educación de 0 a 3 años, con carácter accesible para niños y niñas con discapacidad y asequible para los hogares con menores ingresos.

c)     Aprobar un Plan Estratégico contra el fracaso escolar

 

 

2.     Propuestas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad

 

Intervención con Personas y Grupos en situación de pobreza y exclusión social
a)    Establecer objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, las personas con discapacidad o diversidad funcional, las mujeres que encabezan familias monoparentales y otras familias en dificultad, las personas paradas de larga duración, las víctimas de trata y de violencia de género, las personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.

 

b)    Comprometerse con unos porcentajes altos de inversión presupuestaria para cada colectivo, en términos de ratio de población general y de población afectada por cada problemática.

 

c)     Contar activamente con el Tercer Sector mediante programas marco de financiación, en tanto éstos permitirán no sólo la ejecución de programas sociales, sino también la dedicación de recursos para la gobernanza y el diálogo civil (en la actualidad) y el social (en el futuro).

 

 

 

d)    Garantizar los recursos para poner en marcha los planes y programas que se propongan, dotando de los recursos a las Administraciones públicas, teniendo en cuenta, entre otros, los provenientes de la necesaria reforma fiscal y los fondos de la Unión Europea.

 

e)     Utilizar los Fondos Estructurales y otros fondos europeos con una perspectiva social que respete y avance más allá del compromiso de destinar el 20% para la lucha contra la pobreza, que ya está predeterminado por la Comisión Europea, contando con las entidades del Tercer Sector Social en el proceso de seguimiento de este objetivo.

 

f)       Comprometerse a la coordinación de políticas y recursos con las administraciones autonómicas. Coordinar los recursos a fin de lograr el máximo impacto, reduciendo o erradicando las desigualdades regionales en el acceso a derechos.

 

 

3.     Propuestas sobre Equidad y Justicia Social

IGUALDAD de OPORTUNIDADES
a)    Revisar, mejorar y cumplir la legislación para garantizar la diversidad y la igualdad de trato, estableciendo planes antidiscriminación y de gestión de la diversidad que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular a las personas con discapacidad y las minorías étnicas.

 

b)    Introducir, en cumplimiento de la Ley de Igualdad, la perspectiva de género en las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social y en el conjunto de las políticas.

 

c)     Establecer las medidas necesarias para el cumplimiento real y efectivo de la Ley de Igualdad 3/2007, así como medidas para establecer la conciliación y el reparto equitativo de las responsabilidades parentales y familiares.

 

d)    Elaborar la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Perseguir los procesos de discriminación en el empleo y en el acceso a derechos.

 

 

 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD
a)    Gestionar adecuadamente la diversidad cultural, lo cual implica el reconocimiento de los principios de Igualdad y no discriminación, Ciudadanía, Interculturalidad e Inclusión, válidos en cualquier escenario migratorio, así como la consideración de la población en su conjunto como destinataria de la política de integración, convivencia intercultural y cohesión social.

b)    Colaborar activamente con el Tercer Sector, en tanto éste es una pieza clave en el desarrollo de las políticas de integración.

c)     Contemplar a la educación como elemento vital para la construcción de una sociedad más cohesionada.

d)    Consensuar las políticas migratorias y de refugio con una perspectiva europea y trabajar en los países de origen con políticas adecuadas de cooperación, para ayudar a que en ellos arraiguen procesos de paz, democratización y desarrollo humano.

e)     Reactivación del Plan Estratégico de Ciudadanía  e Integración, tanto a nivel estatal, como en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

f)       Impulso de un plan de barrios por la convivencia intercultural, como superadora de la mera coexistencia.

 

FISCALIDAD
a)    Dotar al sistema fiscal de mayor progresividad, a través de otorgar mayor peso de la imposición directa frente a la indirecta; Igualar el tratamiento de rentas de trabajo y capital; Limitar los incentivos y deducciones del impuesto de sociedades y tratar de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona

 

b)    Mayor dotación de medios humanos y técnicos a la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude fiscal.

 

c)     Establecer la tasa a las transacciones financieras, destinando los recursos a la protección social, a la lucha contra la desigualdad y la pobreza.

 

d)    Establecer mecanismos que exijan una mayor transparencia de las empresas en materia fiscal.

 

e)     Impulsar la Responsabilidad Social de las empresas.

 

 

TRANSPARENCIA y RENDICIÓN DE CUENTAS
a)    Establecer mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible, por parte del Parlamento,  el Gobierno y los partidos políticos.

 

b)    Poner en marcha estudios y mecanismos para el control de la calidad de los servicios y políticas sociales, con evaluaciones objetivas y participativas del impacto que estas tienen en la reducción efectiva de la pobreza y en la defensa de los Derechos Fundamentales, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia y la eficacia.

 

c)     Elaborar un informe de impacto social para toda planificación o legislación que se pretenda aprobar en la legislatura, incidiendo especialmente en la legislación de carácter fiscal.

 

 

 

 

 

[i] La EAPN-ES es una red de unas 8.000 entidades de acción social, presente en todo el Estado Español. Está compuesta por entidades estatales (ACCEM, Caritas, COCEDER, COCEMFE, CEAR, Cruz Roja, Federación de Mujeres Progresistas, Fundación CEPAIM, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Esplai, MPDL, ONCE, Plena Inclusión, Rais Fundación Red Araña y UNAD) y 19 redes autonómicas (EAPN- Xarxa Comunitat Valenciana, Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión, Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Navarra, Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla La Mancha, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Ceuta, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Extremadura, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en La Rioja, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Melilla,  Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social Rede Europea de Loita Contra a Pobreza e a Exclusion Social no Estado Español da Comunidad Autónoma de Galicia,  Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y Xarxa per a la Inclusió Social EAPN-Illes Balears). La Red española es parte de la EAPN Europa, presente en 30 países europeos, consultora del Consejo de Europa, con sede en Bruselas. EAPN-ES ha sido entidad fundadora de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, y actualmente ostenta una de sus 7 vicepresidencias. El TSAS gestiona un presupuesto de alrededor del 1,5% del PIB y emplea a 645.000 personas, un 4,6% de la población económicamente activa. Los fondos que gestiona son de origen público, fondos propios y donaciones de particulares y empresas. En total, se estima que el TSAS atiende a más de 5 millones de personas.

[ii] La desigualdad ha aumentado durante la crisis. En 2014, la desigualdad de ingresos, medida por la ratio entre las rentas más altas (quintil superior) y las rentas más bajas (quintil inferior), se situó en 6,8, frente a 6,3 en 2013 y 5,9 en 2009. Cifras de EUROSTAT.

[iii] Employment and Social Developments in Europe 2015.

[iv] La tasa AROPE (indicador perteneciente a la Estrategia Europa 2020) es un indicador europeo compuesto por tres variables: la pobreza relativa (vivir por debajo del umbral de la pobreza, fijado en el 60% de la mediana de la renta, 8.011 euros anuales para un hogar unipersonal y 16.823 euros anuales para un pareja con dos hijos menores de 14 años), la privación material severa (tener carencia en al menos 4 de los 9 conceptos establecidos, como comer proteínas al menos dos veces a la semana, ir de vacaciones al menos una semana al año, poder calentar la casa los meses invernales…) y la baja intensidad de empleo en los hogares (trabajar menos de 2 horas por semana).Encuesta de condiciones de vida, publicada el 24 de mayo de 2016, http://www.ine.es/prensa/np969.pdf

[v] Reducir la tasa de pobreza relativa a cero, al ritmo actual del 0,1%, implicaría esperar 221 años.