La Plataforma por la Justicia Fiscal reclama al Parlamento Europeo que apoye el Informe fiscal país por país

El próximo lunes 12 de junio se vota en el Parlamento Europeo la propuesta Country by country reporting (Informe país por país) de transparencia fiscal. Esa medida obliga a las empresas con sede en la Unión Europea a informar de su actividad empresarial país por país donde actúen. Así las empresas han de comunicar su actividad económica y el pago de impuestos en todos los países donde estén presentes de modo detallado, no globalmente.

justicia fiscal
Hasta ahora, la información global de las empresas ha sido uno de los mecanismos más usados para eludir el pago de impuestos con ayuda de la llamada ingeniería financiera. La Plataforma por la Justicia Fiscal, integrada por dieciocho entidades y movimientos sociales de la sociedad civil, considera que ya es tiempo de acabar con la elusión de impuestos, objetivo para el que la aprobación del Informe País por País es una herramienta imprescindible y reforzaría el compromiso de los Gobiernos de intercambio de información.
La aprobación de esa propuesta obligaría a todas las empresas de la Unión Europea con presencia internacional a informar públicamente a todos los Estados de la Unión. Contra la propuesta de algunos de que esa información sea restringida y sólo de empresas muy grandes, la medida propuesta es una auténtica y efectiva rendición pública de cuentas, para arrinconar la posibilidad de eludir impuestos.
La Plataforma por la Justicia Fiscal considera que el Parlamento Europeo debe aprobar esta propuesta de transparencia fiscal sin recorte ni restricción para que la información fiscal responda a la realidad económica y no a intereses que no sean los de la ciudadanía europea. Por este motivo pide a los eurodiputados españoles que apoyen sin reservas esta medida contra el fraude y el lunes 12 voten SI a la transparencia que significa el Informe País por País.

 
Para más Información y concertar entrevistas:
Jonás Candalija Tizón. EAPN España 639 641 997 jonas.candalija@eapn.es
Corina Mora Torrero. InspirAction 91 127 36 10 / 635101824 cmora@inspiraction.org
Entidades que forman la Plataforma por la Justicia Fiscal:
Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad, Attac España, CCOO, Confederación de Consumidores y Usuarios -CECU-, Consejo General de Trabajo Social, Coordinadora de ONG de Desarrollo de España – CONGDE-, EAPN España, Economistas sin Fronteras, Fed. ONGD de Comunidad de Madrid –FONGDCAM-, GESTHA, InspirAction, Justicia y Paz, Observatorio RSC, Oxfam Intermón, Publiquen Lo Que Pagan, UGT y USO.

El Pacto contra la Pobreza

Propuestas de EAPN ante las elecciones 2015

Ante el grave aumento de la pobreza y la exclusión social, EAPN pide a los partidos políticos candidatos al Gobierno de España lo siguiente:

1. Que los candidatos y candidatas al Gobierno de España firmen un Pacto contra la Pobreza, cuya primera parte consista en un compromiso con cuatro metas principales a concretar durante la próxima legislatura:

1) Reducir, al menos, en un 15% del total de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en el territorio de España. 2) Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil en, al menos, un 25%. 3) Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%. 4) Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria. El progreso en estos cuatro objetivos será evaluado de forma continuada, mediante los indicadores objetivos de EUROSTAT.

2. Que, como primer eje principal del Pacto contra la Pobreza, se aplique el enfoque de Inclusión Activa, con tres pilares compatibles: el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y, especialmente, un sistema de Rentas Mínimas que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza (teniendo en cuenta la composición familiar). Para este fin, se deberá:

a. Elaborar un marco estatal de Rentas Mínimas que pueda ser complementado por la mejora y racionalización de las actuales leyes autonómicas para que permitan un nivel de vida digno, estableciéndose dicha base mediante presupuestos familiares de referencia.

b. Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, implantar una Prestación económica por hijo/a menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar.

c. Una estrategia de desarrollo económico productivo e integrador generadora de empleo de calidad que cuente con las políticas de protección como elemento nuclear de impulso económico.

3. Que, como segundo eje principal del Pacto contra la Pobreza, se pongan en funcionamiento políticas de inversión social (atendiendo particularmente a los colectivos más vulnerables y a las personas jóvenes), con tres líneas clave integradas:

a. INVERSIÓN en capital humano, con sistemas de formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas)

b. INNOVACIÓN, apoyando la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las Pymes para lograr los objetivos sociales.

c. INCORPORACIÓN, estableciendo mecanismos, verdaderamente eficaces y sencillos, para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito hipotecario, puedan tener una “segunda oportunidad” y volver a funcionar activamente como ciudadanos/as.

4. Que, como estrategias de carácter transversal de este Pacto contra la Pobreza, para la mejora de la cohesión y el bienestar social y la prevención de la exclusión, se adopten las siguientes medidas:

a. Se revise y se cumpla y mejore la legislación para garantizar la diversidad y la igualdad de trato, estableciendo planes antidiscriminación que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular a las personas con discapacidad y las minorías étnicas.

b. Que a fin de reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, se revierta la aplicación del decreto ley 16/2812 y se garantice la atención sanitaria universal a todas las personas residentes, dado que la salud es un derecho humano fundamental inalienable.

c. Que el Gobierno dedique más esfuerzo normativo y de recursos en la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética. En el caso de la vivienda social, con el fomento, por medio de un Plan Estratégico de Vivienda dotado suficientemente, de fondos de vivienda social, especialmente en régimen de alquiler asequible. En cuanto a la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.

d. Que se reforme la ley 27/2013 sobre la administración local para reconocer los servicios sociales como actores principales del desarrollo y la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos. Multiplicando por diez la dotación del Plan Concertado.

e. Que se gestionen adecuadamente los flujos migratorios, siempre desde un enfoque de Derechos Humanos, consensuando para ello las políticas desde un punto de vista europeo y trabajando en los países de origen, con políticas adecuadas de cooperación, para que migrar se convierta en una opción y no una necesidad, así como que se pongan los recursos necesarios para la gestión adecuada de las personas ya establecidas en nuestro país.

f. Que se haga especial hincapié en las políticas de empleo y formación para el tránsito entre empleos de la población joven española, con el fin de que no tengan que salir de España para lograr un empleo y un sueldo dignos con los que llevar una vida digna y de calidad.

5. Que, como segunda parte del Pacto contra la Pobreza, referida a la Transparencia y la Rendición de cuentas, se establezca que:

a. Se organice una comisión en el Parlamento que estudie y verifique cada propuesta legislativa y, en particular, los presupuestos, para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza y de defensa de los Derechos Fundamentales.

b. Toda planificación o legislación que se pretenda aprobar en la legislatura conlleve un informe de impacto social, incidiendo especialmente en la legislación de carácter fiscal. Que la reforma fiscal tenga un carácter marcadamente progresivo en el que las rentas más altas asuman la responsabilidad que les corresponde.

c. Que el Parlamento y el Gobierno establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible.

6. Que se garanticen los recursos para poner en marcha los planes y programas que se propongan, garantizando los recursos de las Administraciones públicas, teniendo en cuenta, entre otros, los recursos provenientes de la necesaria reforma fiscal y los de la Unión Europea.

7. Que, como tercera parte de ese Pacto contra la Pobreza, se establezcan objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos vulnerables, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o diversidad funcional, cabezas de familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.

a. Comprometiéndose con unos porcentajes altos de inversión presupuestaria para cada colectivo, en términos de ratio de población general y de población afectada por cada problemática, de forma que se pueda cumplir con las cuatro metas de este Pacto, señaladas en el punto 1.

b. Introduciéndose, en cumplimiento de la Ley de Igualdad, la perspectiva de género en las políticas de lucha contra la exclusión social.

c. Utilizando los Fondos Estructurales y otros fondos europeos con una perspectiva social que respete y avance más allá del compromiso 20% para la lucha contra la pobreza, que ya está predeterminado por la Comisión Europea, contando con las entidades del Tercer Sector Social en el proceso de seguimiento de este objetivo.

d. Considerando a las entidades del Tercer Sector Social como agentes legítimos del diálogo civil, en reconocimiento del alto nivel de representatividad que éstas tienen con respecto a los intereses de dichos colectivos.

e. Mediante consultas públicas recurrentes dirigidas a las personas directamente afectadas, facilitando la interacción a través de Internet.

f. Poniendo en marcha estudios y mecanismos para el control de la calidad de los servicios y políticas sociales, con evaluaciones objetivas y participativas del impacto que estas tienen, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia, y la eficacia.

g. Comprometiéndose a la coordinación de políticas y recursos con las administraciones autonómicas.

Vencer la abstención, esa es la cuestión

elecciones europeas

Ya está todo dicho (o silenciado), se acaba la campaña, se acaban las oportunidades, el teatro y la puesta en escena, al menos por un tiempo… Este domingo 25 de mayo tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz, de aportar como ciudadanos en busca de la mejora de la sociedad, y sería una lástima que volviéramos a desaprovecharla.

Parece que tenemos algunos problemas de percepción en cuanto a la importancia que tienen las decisiones adoptadas en el Parlamento europeo. Y digo esto porque según las encuestas o sondeos de opinión, como el último barómetro de opinión del Real Instituto Elcano una gran parte de los españoles (44%) creen que las elecciones de este domingo no son importantes, y solamente el 56% de los entrevistados manifestaba su intención de ir a votar. Probablemente uno de los problemas al respecto es la desinformación de gran parte de la ciudadanía, y a la que el tratamiento mediático mayoritario – el de los grandes medios que llega a la mayor parte de la población – así como el enfoque de las campañas de  nuestras instituciones y de los grandes partidos no contribuye mucho a paliar, más bien al contrario en demasiadas ocasiones.

El descontento social ha ido en aumento en los últimos años como todos sabemos y la desafección política es una consecuencia de ello. Las medidas de austeridad, que parecen no tener fin, y el discurso político mayoritario provocan miedo e inducen a pensar que no hay más alternativa que las que nos presentan, y en esto la Europa que tenemos tiene gran parte de responsabilidad.

Sin embargo, este domingo tenemos la oportunidad de transformar ese sentimiento de impotencia y falta de protagonismo de la ciudadanía a través de las urnas. No son ni el PP ni el PSOE los partidos mayoritarios en nuestro país, no. En realidad, el “partido” mayoritario es la abstención que supera a estos dos juntos.

No es verdad que las decisiones de las instituciones europeas no nos afectan, más bien al contrario, nos afectan y mucho, y cada vez más. En la campaña de EAPN (Red europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) se señala que más del 80 % de las decisiones que nos afectan tienen que ver con Directivas europeas que se aprueban en ese Parlamento y que de acuerdo con el Tratado de Lisboa contará con muchos más poderes en esta nueva Legislatura. Es por ello que como ciudadanos hemos de contribuir para que esa institución nos represente más adecuadamente, y por ello debemos participar en su constitución a través del voto. En el parlamento europeo se aprueban leyes que condicionan las leyes de nuestros Estados y que inciden directamente en la vida de millones de europeos. Aspectos tan determinantes como la reforma del sector bancario, que tanto poder tiene en el continente y que demasiado a menudo determina decisiones políticas, van a ser tratados en estos años, y es una enorme oportunidad para atribuir una mayor importancia a la política sobre la economía, ya que realmente es ésta quien determina aquella y no al revés como algunos nos quieren hacer creer. Pero la política hemos de hacerla entre todos, tenemos que participar para construir la Europa que queremos.

Y es que realmente, y en relación con lo anterior, a través del Parlamento europeo decidimos cómo se gasta el dinero que nos llega de la Unión Europea. Parte de ese dinero, por ejemplo, pertenece a los Fondos Estructurales que nuestro país recibe, (que tan importantes son para Melilla) y que en la próxima legislatura ascenderán a 36 mil millones de euros para todo el territorio nacional en el período 2014-2020.El 20% de esos fondos, según recomendaciones europeas, debe destinarse a la lucha contra la pobreza, eso es un logro que debemos defender, y debemos hacerlo lo más eficazmente posible ya que somos el país más desigual de Europa (sólo nos supera Letonia, según datos de intermon Oxfam) y el el segundo con mayor pobreza infantil (por detrás de Rumanía). Y para paliar estas alarmantes cifras hemos de solucionar el dato de que España es el país de la UE cuyas políticas sociales tienen menor capacidad para reducir la pobreza (tan sólo nos supera Grecia en este aspecto, según el último informe de Save the Children).

Y es que como se sostiene desde EAPN se puede exigir al Parlamento Europeo que vigile que cualquier legislación que se apruebe no aumente la pobreza. Que toda la institución europea se comprometa a luchar contra la pobreza, en especial contra la pobreza infantil, la discriminación y la exclusión social. Se puede legislar para garantizar una renta mínima a la población europea. O podrían no hacer nada de esto, si quienes componen el parlamento no tienen que responder a estos intereses, que son los de las personas que los eligieron.

Además, en esta próxima legislatura, otras medidas políticas de gran calado se decidirán a nivel europeo, como son la lucha contra el blanqueo de capitales o el acuerdo UE-EE.UU de comercio e inversión (más conocido como Tratado de Libre Comercio) que determinarán en gran medida la vida de los ciudadanos de Europa. También se definirán objetivos en cuanto a cuestiones de energía y clima con el horizonte del año 2030 que incidirán enormemente en los nuevos modelos productivos que adoptemos y en la sostenibilidad ambiental. y, además, se tratarán temas como la baja por maternidad o paternidad y el papel de las mujeres en los puestos directivos.

En definitiva, tenemos dos alternativas en estas próximas elecciones, aportar nuestra voz a través del voto o quedarnos al margen y que otros decidan por nosotros. Hay más de 100 opciones entre las que poder elegir para que se cumplan las metas de la Estrategia Europa 2020  y con el objetivo de una Europa social que cuente con las personas de todo el continente. Si lo que realmente queremos es invertir nuestros recursos en la lucha contra las desigualdades crecientes, la investigación y el desarrollo en busca de mejores modelos productivos y de una mayor sostenibilidad ambiental, realmente hay varias opciones que defienden eso, pero con toda certeza la opción no es quedarse en casa.

Decálogo de Propuestas para las Elecciones al Parlamento Europeo

 

 

Decálogo de Propuestas para las Elecciones al Parlamento Europeo (25 Mayo 2014)

Con motivo de las próximas elecciones al Parlamento Europeo y ante el contexto de crisis de la Europa Social (la de las personas), la de la “Estrategia 2020” y frente al auge de la “Europa del Capital”, la de las grandes empresas y la de las desigualdades, la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social en España, de la que EAPN (Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social) forma parte, ha elaborado el siguiente decálogo para que nuestros representantes políticos tomen nota de ello.

Decálogo de Propuestas para las Elecciones al Parlamento Europeo

                                                                                 DECÁLOGO

1. Que el Parlamento Europeo asuma, como política transversal y como prioridad, el objetivo de reducción de la pobreza de la integración social y laboral de los grupos en riesgo de exclusión (incluidas las personas con discapacidad) y de que las políticas económicas no generen pobreza y más desigualdad.

2. Que se establezca una comisión del Parlamento Europeo que haga transversal (mainstreaming) y compruebe (screening) las propuestas de legislación europea, para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza, y que no admita acciones que pudieran poner en peligro los Derechos Fundamentales.

3. Que se revisen y amplíen las Directivas contra la Discriminación de 2000 y 2001 y se implementen de manera efectiva y transversal a todas las políticas de la UE las Convenciones de las Naciones Unidas en este ámbito, en particular la referida a los Derechos de las Personas con Discapacidad. A estos efectos, que se adopte de una vez por todas un Acta Europea de Accesibilidad ambiciosa, que abarque el diseño para todas las personas y la accesibilidad del entorno construido, los bienes y los servicios.

4. Que la Recomendación sobre Inclusión Activa se materialice en Directivas vinculantes para los Estados miembro. Es especialmente necesaria una Directiva sobre Rentas Mínimas que permitan un nivel de vida digno.

5. Que se apruebe una Directiva que establezca prestaciones económicas por hijo/a menor de edad, de carácter universal, en todos los Estados miembro, a fin de reducir la pobreza infantil.

6. Que se apruebe una Directiva sobre imposición a las transacciones financieras en la Unión Europea, cuyos ingresos reviertan en una dotación de fondos para favorecer la cohesión social y cumplir con la meta de reducción de la pobreza de la EU2020.

7. Que el Parlamento Europeo se aboque a la lucha contra la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.

8. Que se reconozcan los servicios sociales y sanitarios de interés general como una de las principales características del modelo social europeo y que se asegure su financiación, dentro del Semestre Europeo. Es prioritaria la adopción de los estatutos de la fundación, asociación y mutualidad europeas para que el Tercer Sector pueda continuar operando en igualdad de condiciones con otros actores económicos.

9. Que el Parlamento Europeo mantenga un audiencia con las personas en riesgo de exclusión, al menos una vez al año, y establezca una agenda de trabajo compartida.

10. Que el Parlamento y la Comisión establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas sobre la legislación europea, de forma que no sea posible adoptar decisiones que afectan a toda la población europea, sin haber explicado de manera pública y clara el alcance de las medidas a adoptar.

http://www.eapn.es/eleccioneseuropeas2014/europa/308/la_motivacion_para_votar_en_las_elecciones_europeas
http://www.eapn.es/eleccioneseuropeas2014

Muertes en #Ceuta

untitled

Comunicados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Movimiento por la Paz (MPDL), Fundación Cepaim y Accem ante la muerte de al menos 11 personas en la frontera del Tarajal (Ceuta), entre España y Marruecos.

*Comunicado conjunto de Fundación Cepaim y Accem

* Comunicado de CEAR

* Comunicado de Movimiento por la Paz

EAPN MELILLA EN R5 de RNE.

A partir del minuto 3.10. Pequeña entrevista a Jorge Aldao, Técnico de EAPN Melilla realizada el pasado lunes 21 de octubre. Se abordan algunos aspectos relacionados con los índices de pobreza de la Ciudad Autónoma.