Remitido por Guelaya Ecologistas en Acción
Respeto a la legalidad, modificación de la política migratoria europea, y planteamiento sostenible a largo plazo. Esas son nuestras propuestas
Desde hace algunas semanas venimos observando un cruce de acusaciones entre autoridades locales, nacionales, europeas, agentes sociales y políticos, y la Iglesia Católica, en relación a los problemas migratorios que afectan de forma directa a las ciudades de Melilla y Ceuta y a la vida de los migrantes.
No es la primera vez que hacemos pública nuestra posición. Hemos organizado actividades y hemos apoyado iniciativas de otros agentes sociales en favor de la legalidad en el trato de los migrantes, y en defensa de personas que se ven atacadas por creer lo mismo que nosotros creemos.
Las causas por las que llegan los migrantes a Melilla son diversas, aunque en general el hambre y la pobreza es lo que los mueve. Las causas de la pobreza en África son variadas, guerras, países desestructurados y degradación medioambiental. En África siempre hubo sequías, pero el cambio climático está provocando que se intensifiquen y sean más frecuentes, al igual que lo contrario, las inundaciones. Se trata de un aumento de frecuencia de los fenómenos climatológicos extremos.
De todos es sabido que la causa del cambio climático, la emisión de gases invernadero, se produce en los países desarrollados, como el nuestro, lo que nos responsabiliza y nos compromete porque somos parte del problema. Además, la vieja cantinela de que la solución es la inversión en países desfavorecidos, no solo no está clara, sino que no se ha realizado. Solo hace falta recordar qué pasó con el 0.7%, al que países como el nuestro se comprometió en 1992, objetivo del que nos alejamos, ante la reducción de más de un 60% de la ayuda a los países en desarrollo por parte de nuestro actual gobierno.
Además, no se puede ocultar el expolio de los recursos naturales de estos países por multinacionales occidentales. Esto no es un tópico; estas empresas tienen nombre y apellido, y ellas y sus países de origen tienen una deuda con los desplazados que provocan con sus acciones, desplazados que terminarán en muchas ocasiones en nuestras fronteras, y es un asunto global que afecta a otros continentes, como el caso de Ecuador con las mentiras de la empresa Chevron, llevado a los tribunales internacionales por el propio Estado de Ecuador.
Queremos destacar el hecho de que sea ahora el presidente del Gobierno de España el que una vez más utilice a los cuerpos de seguridad del Estado como escudo para evitar críticas que se dirigen hacia la política de migraciones, y hacia la ineficacia de unas decisiones que han costado la vida de los migrantes desde hace casi una década. Las muertes de Ceuta solo demuestran que las políticas de vallas no dan resultado, como no han dado resultado en Melilla. En este sentido debemos recordar que más del 80% de los inmigrantes que entran en nuestro país lo hacen en avión y con visado.
Siempre hemos pensado, y así lo hemos hecho públicamente, que no son los funcionarios (policías y guardias civiles) los que tienen responsabilidad sobre las órdenes que reciben, y sobre la ausencia de un protocolo de actuación claro, público y transparente.
Consideramos que este debate también es una controversia interna de los Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que lo que pensamos coincide en casi su totalidad con lo manifestado en los medios de comunicación por la AUGC de la Guardia Civil. Estamos de acuerdo, por ejemplo, no solo en que no es bueno, sino también indecente, la regla de 3 por la cual se hacen cosas ilegales y se niegan, y si nos pillan, cambiamos la ley y convierto en legal lo que no lo era. Si se ha hecho algo ilegal, el asunto tiene que acabar en sede judicial. No hay otra manera de salir de dudas.
Queremos destacar que la denuncia pública sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente, jamás aceptada públicamente por ninguna autoridad local, ha sido corroborada por el Ministro de Interior, en casos puntuales, o con criterios de excepcionalidad por parte del Delegado del Gobierno en Melilla, ante pruebas irrefutables proporcionadas por ONG´s. En un Estado de derecho, el que la hace la paga ¿no?
Este país se ha acostumbrado a las mentiras como instrumento fundamental a la hora de aplicar y explicar sus medidas (concertinas, devoluciones en caliente, helicópteros, uso de pelotas de goma…) mientras el dinero que se debe utilizar para las ayudas humanitarias se invierten en la infraestructura policial para evitar las entradas. La realidad es que solo se están endureciendo las políticas de inmigración sin pensar en una solución a largo plazo. ¿Es esa la solución?
¿Qué propone nuestra asociación? En primer lugar que se cumpla siempre la legalidad, que quién no la respete se vea sentado en el banquillo de los acusados, y que se transforme la política migratoria de la UE, comenzando por llevar iniciativas por escrito para que se sometan a debate en los órganos correspondientes, porque las declaraciones en televisión de nuestro Gobierno solo han provocado malestar en las instituciones europeas. Si lo que querían era pedir más dinero europeo se han equivocado de camino.
EAPN Melilla 