El presente documento consta de dos partes diferenciadas. En la primera parte se recogen las demandas que hace EAPN-España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado español) de manera general para los ámbitos municipales y regionales. Y la segunda parte se completa con propuestas concretas que hacemos desde EAPN-Melilla para el contexto local.
El Pacto contra la Pobreza
Propuestas de EAPN ante las elecciones 2015
Ante la grave situación de las personas, EAPN pide a las candidaturas a los parlamentos autonómicos y a las asambleas municipales y locales lo siguiente:
- Que los candidatos y candidatas vencedoras de las elecciones firmen un Pacto contra la Pobreza, cuya primera parte consistirá en un compromiso con cuatro metas principales a concretar durante la legislatura, en sus respectivas Comunidades Autónomas y entes locales:
1) Reducir, al menos, en un 15% del total de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en sus respectivas Comunidades Autónomas. En la actualidad en Melilla es del 31,4%de la población, lo que equivale a 26.275 personas (según datos del INE)
2) Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social infantil en, al menos, un 25%. En la actualidad uno de cada tres niños en Melilla se encuentra en esta situación, según el INE.
3) Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%. En la actualidad la tasa de paro en Melilla el del 29,5% para el total de la población (casi uno de cada tres está parado) y del 74,6% para los jóvenes menores de 25 años (tres de cada cuatro), según el INE.
4) Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria, a día de hoy la tasa de abandono escolar temprano es del 33% en la ciudad.
El progreso en estos cuatro objetivos será evaluado de forma continuada, mediante los indicadores objetivos de EUROSTAT.
- Que, como primer eje principal del Pacto contra la Pobreza, apliquen el enfoque de Inclusión Activa, con tres pilares compatibles: el acceso al empleo de calidad, el acceso a servicios y prestaciones sociales de calidad y, especialmente, un sistema de Rentas Mínimas que permita que las personas perceptoras se sitúen por encima del umbral de la pobreza (teniendo en cuenta la composición familiar). Para este fin, se deberá:
- Mejorar y racionalizar las actuales leyes autonómicas sobre Rentas Mínimas para que permitan un nivel de vida digno, estableciéndose dicha base mediante presupuestos familiares de referencia.
- Dentro de los servicios y prestaciones sociales y con carácter prioritario, implantar una Prestación económica por hijo/a menor de edad, para todas las familias con ingresos en el umbral de la pobreza (60% de la mediana de la renta); ampliación de servicios gratuitos de educación infantil de 0 a 3 años, e implantación de recursos de apoyo escolar a los hijos e hijas en edad escolar obligatoria, a fin de retomar o mantener el proceso formativo y mejorar el éxito escolar.
- Que, como segundo eje principal del Pacto contra la Pobreza, pongan en funcionamiento políticas de inversión social, con tres líneas clave integradas:
- INVERSIÓN en capital humano, con sistemas de formación, recualificación y capacitación a lo largo de la vida para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas)
- INNOVACIÓN, apoyando la creación de empleo mediante proyectos innovadores y sostenibles de la economía social y de las Pymes para lograr los objetivos sociales.
- INCORPORACIÓN, estableciendo mecanismos para que las personas que se han visto gravemente afectadas durante la crisis, por la sobreexposición del crédito hipotecario, puedan tener una “segunda oportunidad” y volver a funcionar activamente como ciudadanos/as.
- Que, como estrategias de carácter transversal de este Pacto contra la Pobreza, para la mejora de la cohesión y el bienestar social y la prevención de la exclusión, se adopten las siguientes medidas:
- Se revisen y se cumplan las leyes estatales y autonómicas para garantizar la diversidad y la igualdad de trato, estableciendo planes antidiscriminación que se apliquen en toda la administración y se extiendan a la sociedad en su conjunto, atendiendo a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular a las personas con discapacidad y las minorías étnicas.
- Que a fin de reducir las desigualdades en materia de salud y sanidad, se revierta la aplicación del decreto ley 16/2812 en el ámbito autonómico, y se garantice la atención sanitaria universal a todas las personas residentes, dado que la salud es un derecho humano fundamental inalienable.
- Que los gobiernos autonómicos se aboquen a la prevención y detención de desahucios, la erradicación del sinhogarismo y la pobreza energética. En el caso de la vivienda social, con la creación de un Fondo de Vivienda Social en cada CCAA. En cuanto a la pobreza energética, estableciendo mecanismos de control para que las empresas operadoras de servicios públicos esenciales (electricidad, gas, agua, telefonía) no apliquen tarifas que impidan el acceso a las familias con bajos ingresos.
- Que se reestablezcan espacios de apoyo y refuerzo escolar que ayuden a los niños/as a equilibrar sus oportunidades, dado que la educación es un eje fundamental en la igualdad de oportunidades y del desarrollo personal integral.
- Que se reforme la ley 27/2013 sobre la administración local para reconocer los servicios sociales como actores principales del desarrollo y la equidad social a nivel regional y local, y que se asegure su financiación adecuada, dentro de los presupuestos. A nivel autonómico es prioritaria la inclusión del Tercer Sector en el diálogo social, para que opere en igualdad de condiciones con otros actores económicos.
- Que, como segunda parte del Pacto contra la Pobreza, referida a la Transparencia y la Rendición de cuentas, se establezca que:
- Se organice una comisión en cada Parlamento autonómico y pleno de los entes locales que estudie y verifique cada propuesta legislativa y, en particular, los presupuestos, para que respondan a dichos objetivos de reducción de la pobreza y de defensa de los Derechos Fundamentales.
- Toda planificación o reglamentación que se pretenda aprobar en la legislatura conlleve un informe de impacto social, incidiendo especialmente en la legislación de carácter fiscal.
- Que los Parlamentos autonómicos, los consejos de gobierno de las CCAA y las poblaciones mayores de 5.000 habitantes mantengan una audiencia con las personas en pobreza y riesgo de exclusión, dos veces al año, con una agenda de trabajo compartida.
- Que los Parlamentos, los gobiernos de las CCAA y las entidades locales establezcan mecanismos de publicidad y de rendición de cuentas de carácter público y accesible y que todas las cuestiones de relevancia económica, social y política sean sometidas a consulta abierta de la ciudadanía.
- Que se garanticen los recursos para poner en marcha los planes y programas que se propongan, garantizando los recursos de las Administraciones públicas, teniendo en cuenta, entre otros, los recursos provenientes de Europa.
- Que, como tercera parte de ese Pacto contra la Pobreza, las Comunidades Autónomas y los entes locales establezcan objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de los grupos vulnerables, incluyendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o diversidad funcional, jefas de familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, personas con adicciones, ex reclusos/as, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.
- Comprometiéndose con unos porcentajes altos de inversión presupuestaria para cada colectivo, en términos de ratio de población general y de población afectada por cada problemática, de forma que se pueda cumplir con las cuatro metas de este Pacto, señaladas en el punto 1.
- Utilizando los Fondos Estructurales y otros fondos europeos con una perspectiva social que respete y avance más allá del compromiso 20% para la lucha contra la pobreza, que ya está predeterminado por la Comisión Europea, contando con las entidades del Tercer Sector Social en el proceso de seguimiento de este objetivo.
- Considerando a las entidades del Tercer Sector Social como agentes legítimos del diálogo social, en reconocimiento del alto nivel de representatividad que éstas tienen con respecto a los intereses de dichos colectivos.
- Mediante consultas públicas recurrentes dirigidas a las personas directamente afectadas, facilitando la interacción a través de Internet.
- Promoviendo espacios públicos para la participación infantil, que lleven la voz de la infancia y la adolescencia a las autoridades, tal como señala la Recomendación de la Comisión Europea “Invertir en la Infancia”.
- Poniendo en marcha estudios y mecanismos para el control de la calidad de los servicios y políticas sociales, con evaluaciones objetivas y participativas del impacto que estas tienen, a fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, la transparencia, y la eficacia.
- Comprometiéndose a la coordinación de políticas y recursos con las restantes Comunidades y Ciudades Autónomas, así como a nivel estatal, a fin de facilitar las gestiones, reducir al mínimo los trámites y, de ese modo, mejorar el nivel de bienestar de las personas afectadas y sus familias.
Propuestas concretas EAPN-Melilla en el ámbito local
Políticas Sociales:
- Realización de estudios periódicos sobre pobreza y exclusión social por parte de la Administración Local con mayor rigor metodológico y con una muestra de hogares mayor que la que utiliza la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE; con la finalidad de la mejora de la evaluación y seguimiento de las políticas sociales, en consonancia con la estrategia Europa 2020. Demandamos la creación de un Observatorio Social permanente que nos permita conocer de manera más objetiva la evolución de los índices en todo lo relacionado con la justicia y la cohesión social de la ciudad.
- Establecimiento de un Aval de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad para el alquiler de viviendas de personas en riesgo de exclusión social que ofrezca a los arrendadores mayores garantías; junto con un fondo y un “parque” de viviendas destinado al alquiler social en el que se ofrezcan precios asequibles y realistas que permitan la vida digna de estas personas.
- Aumento de las cuantías del Ingreso Melillense de Integración (IMI). En la actualidad, no puede superar el SMI de 648 euros por unidad familiar, independientemente del número de personas que la forman. Por tanto, una familia de 4 o más miembros no podría superar dicho importe de percepción del IMI, en ningún caso. Además, la cuantía básica para un sólo perceptor, sin hijos a cargo es de 387 euros/mes, y con un hijo/a de 451 euros/mes…Claramente insuficientes teniendo en cuenta los precios medios del alquiler de vivienda en Melilla.
- Flexibilización de los requisitos de acceso para la obtención del IMI: disminución del tiempo mínimo de empadronamiento (actualmente 36 meses), rebajar la edad de accesibilidad de los candidatos, que sea accesible también para menores de 25. Portabilidad y respeto de los derechos conseguidos en otra Comunidad Autónoma, en caso de que deban trasladarse a Melilla. Ampliar la compatibilidad con otras ayudas o actividades económicas acercando los topes máximos al SMI por miembro de la unidad de convivencia y no por hogar/familia como es actualmente. Además, evitar que se desaliente la búsqueda de empleo por incompatibilidades de las rentas Mínimas con la actividad económica.
- Ayudas para inversión inicial o sistemas de microcréditos para el establecimiento del empleo autónomo de personas en situación de pobreza y exclusión social; así como para la creación de sociedades enfocadas a la economía social y solidaria. El principal problema con el que se encuentran las personas sin recursos es la inversión inicial y el acceso al crédito para llevar a cabo una actividad económica. Habría que facilitar ese primer paso teniendo en cuenta la situación de estas personas.
Inmigración
- La toma de medidas trasversales sobre inmigración y diversidad en todas las políticas sociales.
- Garantizar la protección real y efectiva de los menores extranjeros no acompañados (MENA), ya que es evidente el fracaso en este sentido.
- Definir programas enfocados a la emancipación de ex tutelados dentro del sistema de protección que garanticen los recursos mínimos necesarios para emprender su proyecto de vida, una vez cumplida la mayoría de edad.
- Exigir el compromiso por parte de todos los partidos al no uso populista y demagógico de la inmigración
- Establecimiento de un programa marco o protocolos/reglamento para la lucha contra la trata de personas en Melilla.
Empleo
- El establecimiento de un sistema de coordinación con otras entidades públicas y privadas que desarrollen itinerarios y acuerdos de colaboración relacionadas con la inserción socio-laboral de los colectivos en situaciones de vulnerabilidad social
- Medidas para el fomento de la contratación de estos colectivos, aumentando la inversión y el presupuesto destinado a esos efectos.
Educación:
- Garantizar a cualquier persona empadronada en Melilla la educación universal, gratuita y de calidad
- Establecer líneas urgentes de actuación que incida en la alarmante tasa de fracaso y abandono escolar, así como en la bajada de los ratios por aula y de la mejora de la atención a la diversidad. A través de programas de apoyo y refuerzo escolar para los menores y las familias que se encuentran en situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social. Favorecer una escuela más inclusiva y fomentar la igualdad de oportunidades para la infancia de todos los distritos de Melilla.
Justicia y DD.HH
- Garantizar el acceso efectivo a la justicia gratuita a toda la ciudadanía.
- Exigir la especialización real de los letrados en Turnos de Oficios específicos.
- Exigir la introducción de la lengua Tamazight en el 016
Dependencia y accesibilidad
- Asegurar un mínimo vital de ingresos para las personas residentes o usuarias de los Centros residenciales o de “Día” dependientes de la Ciudad Autónoma.
- Facilitar el acceso a estos Centros para personas con discapacidad o mayores, sean o no pensionistas.
- Establecer un convenio de colaboración con el INGESA y el IMSERSO para facilitar ayudas técnicas favorecedoras de la autonomía personal y para la eliminación de barreras arquitectónicas o de comunicación. Que se cumpla realmente la Ordenanza de accesibilidad y eliminación de barreras de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME NÚM. 4089 de 25 de mayo de 2004).
- Facilitar el acceso a los espacios naturales (como el Barranco del Nano) para personas con diversidad funcional, que incluya equipamientos educativos en zonas verdes para ciegos, itinerarios para personas en silla de ruedas, etc.
Por último, pero no por ello menos importante, volvemos a exigir que se establezca el espacio de encuentro para el Consejo Sectorial de Bienestar Social. Y que se cuente realmente en el mismo, así como en el Plan Local de Inclusión Social 2013-2017, con la experiencia y las capacidades de todas aquellas entidades del Tercer Sector que trabajan efectivamente en la ciudad a la hora de diseñar, evaluar y hacer el seguimiento de las medidas y actuaciones enfocadas a reducir los índices de pobreza y de exclusión social de la Ciudad Autónoma de Melilla.
EAPN Melilla 