La pobreza infantil, más allá de los comedores escolares

La EAPN-España ( que forma parte de la Red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social -European Anti-Poverty Network )  acaba de publicar su posicionamiento sobre el Fondo de 16 millones de euros dedicados a combatir la pobreza infantil.

http://www.eapn.es/noticias/378/Posicionamiento_sobre_el_fondo_de_17_millones_de_euros_dedicados_a_combatir_la_Pobreza_Infantil

Algunos de los ideas más importantes las resaltamos aquí:

1. Nos congratulamos de la materialización de este fondo que fue una aportación de recursos nuevos al Plan Nacional de Inclusión desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Tiene especial importancia puesto que las políticas sociales son competencia exclusiva de las CC.AA. y este fondo no tiene la obligatoriedad de ser cofinanciado por ellas.

2. El fondo es importante como un primer paso, pero es necesario un Pacto Nacional contra la Pobreza Infantil y su materialización en un Plan contra la Pobreza en general (…)

(…) Consideramos que, del mismo modo que se exige a las entidades sociales, estos fondos tendrían que administrarse de acuerdo con un marco lógico, en el que se identifiquen y persigan objetivos generales y específicos, para potenciar su eficiencia y su eficacia. También para que no se conviertan en un mare magnum de acciones improvisadas, inconexas y dispares.

a. En el documento pre-acuerdo de Ministros, hay directrices claras aunque muy genéricas, para respetar el ámbito competencial, sobre la utilización prioritaria de los fondos.

b. No hay indicadores de resultados, es decir qué se espera obtener y cómo se van a medir los resultados obtenidos, para poder valorar el impacto de las medidas.

c. Como lo han señalado las Recomendaciones del Consejo (europeo), es necesario mejorar la eficacia de las transferencias de rentas en la erradicación de la pobreza. Consideramos que dicha eficacia tiene que mejorarse sobre la base de una planificación consensuada, realista, consistente y coherente (…)

Desde la Red EAPN-Melilla (cuyos componentes son ASPANIES-FEAPS, Cruz Roja, Guelaya-Ecologistas en acción, Movimiento por la Paz-MPDL, Melilla-Acoge y ONCE), como ya hemos manifestado, celebramos la decisión de la Administración local de propiciar la apertura de los centros escolares durante el verano para continuar con el servicio de comedores escolares llevado a cabo durante el curso, la oferta es de 400 plazas para los menores de los colegios situados en los barrios más desfavorecidos. Constatamos que las necesidades son reales como así lo indican los niveles de pobreza y exclusión social de la ciudad, entre los más altos de todo el territorio nacional según datos oficiales, en concreto el índice de pobreza infantil supera el 40% según afirmaba la Consejera de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma recientemente.

Ceuta y Melilla han sido las regiones que mejor suerte han tenido en el reparto de los fondos del Ministerio para luchar contra la pobreza infantil con 1,30 y 1,27 millones de euros respectivamente, aunque esto haya provocado una gran polémica debido a que la cuantía media asignada a cada menor varía desde los 150 euros por persona en el caso de Ceuta hasta los 2,5 euros por persona en el caso de Andalucía. Por tanto hemos de aprovecharlo bien.

De todas formas, más allá de polémicas, tanto la cuantía de las inversiones como su planificación siguen siendo bastante insuficientes. España es el segundo país de la Unión Europea, por detrás de Grecia, cuyas políticas sociales tienen menor capacidad para reducir la pobreza más allá de la cuantía económica invertida, según un informe reciente de Save The Children (utilizando datos de EUROSTAT). Además, según datos de UNICEF, el país invierte en políticas de protección a la infancia y la familia casi la mitad que la media europea: un 1,4% del Producto Interior Bruto (PIB) frente a un 2,2% de media en la Europa de los 28. Es muy significativo la gran distancia de la reducción de la pobreza en hogares sin hijos, que es de un 70% (cercana a la media de la Unión Europea) frente a menos de un 30% para las familias con niños a su cargo.

El servicio de comedor escolar en verano es realmente una medida excepcional y de emergencia ante las alarmantes cifras de pobreza infantil en nuestro país. Aún así, algunas comunidades han optado por no seguir la recomendación de la Defensora del Pueblo y no abrir los centros escolares en verano, para proporcionar una comida al día, argumentando que “visibiliza” el problema y “etiqueta” a los menores. Por ejemplo el presidente de La Rioja señala que “los niños quedarán marcados”. Desde EAPN-Melilla creemos, como en otras comunidades autónomas, que este servicio es necesario (varias organizaciones, como Save The Children y Ayuda en Acción, advierten del número creciente de niños cuya única “comida completa y equilibrada del día es la que consumen en el colegio). Sin embargo, estamos plenamente convencidos que han de ir acompañadas de otras medidas complementarias; garantizar una alimentación saludable y proteger a los menores puede ser compatible. Por ejemplo,  Canarias Andalucía y Cataluña han aprobado abrir los centros durante seis horas al día entre semana en los que ofrecerán actividades lúdicas y de apoyo al inglés que incluyen el polémico servicio de comedor. En las islas, el gobierno habilitó un programa de clases de inglés, al que acudieron 14.000 escolares, para evitar precisamente esa “estigmatización” que algunas regiones emplean como excusa.

Deberíamos seguir el ejemplo en Melilla de combinar los servicios asistenciales a la infancia con otro tipo de programas en la planificación de las actuaciones para reducir la pobreza y la exclusión social. Demandamos la participación de las entidades del Tercer Sector de Acción Social en aquellas medidas encaminadas a combatir la pobreza y la exclusión social para afrontar este problema estructural de nuestra sociedad de una manera más integral y con la mirada no sólo puesta en el corto plazo. Para ello, entre otras cosas, creemos necesario contar con el apoyo de aquellas entidades que también están en contacto diario y directo con las personas que se encuentran en situaciones de marginalidad y pobreza, en lo que se refiere al apoyo en la programación, la implementación y la evaluación  de las medidas que puedan llevar a cabo desde la administración local.

Es probable que, como señalan Cáritas-Melilla, las Religiosas de María Inmaculada y SATE-STEs, las colonias y campamentos de verano sean unas de las razones por las que hasta ahora sólo acuden unos 100 escolares al servicio de comedor programado para atender a 400 (durante el curso hay unos 480 inscritos). ¿No sería más eficaz planificar junto a las entidades sociales y así mejorar la coordinación de los servicios ofrecidos en busca de una misma finalidad ? ¿no sería más adecuado complementar el servicio de comedor escolar con programas de formación y de ocio que favorezcan la participación social infantil dándoles un mayor protagonismo y fomentando su autoestima y habilidades sociales? Las desigualdades sociales actúan a un nivel psicológico individual que influyen negativamente en el desarrollo de la personalidad de los menores. No sólo hablamos de pobreza monetaria, también de exclusión social en la participación en la sociedad de manera igualitaria, hablamos de falta de derechos y de estigmatización de los menores, muy relacionado esto último con el fracaso escolar.

Sería interesante contar con un servicio de educadores de calle, trabajadores sociales y mediadores que tengan un contacto directo con las situaciones y los vecinos de los barrios más afectados, y  no sólo durante el verano. Se debe fomentar la participación ciudadana, sobre todo en los barrios más desfavorecidos enfocándonos en propiciar el protagonismo de las propias personas afectadas,  contando con la colaboración de las entidades sociales sin ánimo de lucro. Este tipo de medidas, entre otras, pensamos que deberían de incluirse en el primer Plan de Inclusión Social de la Ciudad Autónoma y trabajarse en una Mesa Sectorial de Bienestar Social, en la que habría que poner especial interés en la protección social de la infancia. Esta inversión de 1,27 millones de euros puede ser bastante útil si la complementamos de manera inteligente con el resto del presupuesto de la administración local que es quien tiene las competencias en materias de  reducción de la pobreza y la exclusión social en última instancia.  Aprovechémosla.

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