Diferentes maneras de entender la participación social en Melilla

Reflexiones desde el ecologismo social

Remitido por Guelaya Ecologistas en acción Melilla

La vieja idea de que se profundiza en la democracia si ésta se vuelve más participativa implica que los agentes sociales colaboran con la administración en la elaboración de políticas públicas, y esa idea parece estar llegando a esta orilla del Mediterráneo.  Eso nos lleva a la necesidad de que existan canales de participación, de comunicación, de diálogo y de debate. Guelaya Ecologistas en Acción Melilla está participando en asuntos socio-ambientales en las que están implicadas diversas Consejerías.

 En primer lugar participamos en el Pacto por la movilidad sostenible, que está comenzando. El caso del sendero verde es un ejemplo de participación. En primer lugar, hemos mantenido conversaciones y enviado escritos a las Consejerías de Medio Ambiente, Fomento y Seguridad Ciudadana. Hemos hecho públicas nuestras discrepancias, hemos hecho peticiones que se han concedido, y seguimos trabajando, de forma abierta con otros agentes sociales y ciudadanos, en un proyecto que es ante todo de Melilla para gente de Melilla. Sin embargo, en otros casos no se está produciendo esta situación.

El primer “Pacto” en el que participó Guelaya Ecologistas en Acción fue el del Plan de Inclusión social, como consecuencia de nuestra presencia en la red EAPN Melilla. En concreto, se aprobó en el Pleno de la Asamblea el día 29 de octubre de 2010 por unanimidad un texto de nuestra red  que incluía la necesidad de firmar un Pacto y elaborar un Plan de Inclusión social.

Han pasado más de dos años a la espera de ver como se convierte en realidad una iniciativa de nuestra red de entidades sociales, pero recientemente hemos escuchado con estupor las declaraciones de la Consejera de Bienestar Social al afirmar que EAPN Melilla, y por tanto, Guelaya Ecologistas en Acción, están al margen de la realidad.

 Cómo miembros de EAPN Melilla, queremos recordar que un pacto por la inclusión implica algún modo de comunicación social o de diálogo que permita consensuar un Plan de Inclusión, que al parecer existe, pero al margen de los agentes sociales que lo aplicarán. Sustituir a las entidades sociales por una empresa para que confeccione un “Plan” sí es estar al margen de la realidad.

Nuestra asociación también participa en el Pacto por la interculturalidad. Hicimos las alegaciones al documento recibido, se nos contestó, meses después, en agosto pasado con una declaración de intenciones, junto con la información de que una entidad independiente será la responsable de elaborar un “documento técnico”. Sin embargo, todavía estamos esperando el momento de poder discutir la declaración de intenciones y ese documento técnico con el resto de entidades para consensuarlo, y con los responsables de redactar el “informe técnico”, 

 La “entidad independiente” tiene la misma función que la empresa que hace o ha hecho el Plan de Inclusión social. Ni se sabe por qué, ni se sabe cómo ha sido elegido para tal fin. Las entidades que enviamos nuestras alegaciones lo que esperamos es que alguien nos diga algo sobre nuestras propuestas, si han sido bien recibidas, o no, y si ese es el caso, por qué no. Y eso nos lo tiene que decir la Administración que nos pidió participar en un proceso al que se denominó “Pacto”, no nos lo puede decir una entidad independiente, sino quién toma las decisiones políticas..

 El papel que el Instituto de las Culturas está teniendo, creemos que importante y positivo en esta cuestión, está en peligro probablemente porque algo tan ambicioso y complejo como un Pacto por la multiculturalidad implica asuntos tan diversos que probablemente no hay consejería que no tenga algo que decir al respecto. Una vez más nos topamos con la dificultad de desarrollar un proyecto transversal, que implica un pacto político, o si se prefiere, una administración coordinada en todas sus decisiones, pero también un pacto social.

Creemos que el concepto de participación social no ha sido bien asimilado en el actual equipo de gobierno de la ciudad de Melilla. En concreto, pensamos que se está confundiendo un proceso de consulta pública con el de participación. Los procesos de consultas con los agentes sociales no son un logro ni un avance social, sino un imperativo legal en la Unión Europea. Si los agentes sociales no participamos en la  elaboración de objetivos y/o en la toma de decisiones sobre cómo se van a desarrollar esos objetivos, no hay participación social.

 Las entidades sociales no podemos ser floreros ni palmeros de la política. Estamos para resolver problemas que no están resueltos, y no hay nada que aplaudir hasta que el problema se haya cerrado. Lo sentimos pero las declaraciones de intenciones no son suficientes. Muchas veces han quedado en agua de borrajas.

Nuestra experiencia en estos tres “pactos”, es que cada uno funciona de distinta manera, pero tienen algo en común. Las reglas del juego, los procedimientos, y los procesos que comunicación  no se conocen. No hay un plan de trabajo, ni un cronograma, ni canales de comunicación regulados, y si los hay, nadie se los ha comunicado a nuestra asociación por escrito, puesto que nosotros participamos por escrito igualmente.

Sería bueno que el “equipo” de gobierno de la Ciudad Autónoma  discutiera si quiere pactos sociales o no, y sobre todo, si es lo que quiere, que los procedimientos sean transparentes, porque la actual forma de actuar solo está llevando a una imagen del Gobierno de la ciudad en la que no se percibe ningún criterio común en este sentido.

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