MENSAJE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL 22 DE MAYO

OS RECORDAMOS:

– Que la desigualdad, la pobreza y la exclusión social no solamente deterioran la calidad de nuestra democracia, sino que ponen en cuestión los valores y principios que la inspiran y, por ello, contar con una protección social adecuada, que garantice el bienestar de todas las personas y la dignidad de vida para todas ellas, es una aspiración irrenunciable para nuestra sociedad, que adquiere, si cabe, aún más importancia en tiempo de crisis.

–  Que es obligación de los poderes públicos garantizar de modo efectivo los derechos fundamentales a todas las personas. Entre esos derechos se incluye tener una vida digna, lo cual requiere contar con ingresos y servicios suficientes para poder vivir adecuadamente y una protección que permita tener una expectativa de vida y la capacidad de tomar decisiones de modo libre y autónomo.

–  Que la desigualdad se ha convertido en la principal característica de una economía inestable e insostenible a nivel global. Que es insostenible económicamente, injusto democráticamente e inmoral socialmente, una sociedad en la que no sólo se agravan las desigualdades, sino en la que grupos de personas, muchos de ellos niños y jóvenes, no cuentan con los recursos imprescindibles para vivir con dignidad.

–   Que deben tener en cuenta que las políticas sociales actúan como estabilizadores económicos de las sociedades en crisis; que los procesos sociales como la pobreza y la exclusión, cuando ya están cronificados, son más costosos y difíciles de recuperar; que los niños y niñas que crecen en la pobreza carecen de la igualdad de oportunidades y tenderán a reproducir las situaciones de exclusión de su infancia, por lo que las intervenciones tienen que ser urgentes y prioritarias.

–  Que el papel del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) está siendo fundamental para contener los aspectos más negativos de la crisis sobre los grupos más vulnerables. Además, el Tercer Sector puede desempeñar un rol como actor social, tanto en el mantenimiento y desarrollo de la cohesión social, como en una recuperación sostenible.

LLAMAMOS A:

1.- Que se adopte un “Pacto político por la Inclusión Social a nivel autonómico y local” para la próxima década, en el que se comprometa el conjunto de administraciones y se implique activamente a los actores sociales, en especial al Tercer Sector, reforzando así su papel de agente social. Este Pacto requiere un amplio nivel de consenso social y político y tiene que perseguir, como objetivo fundamental, conseguir otro modelo de desarrollo en el que se inviertan las tendencias estructurales generadoras de exclusión.

2.- Que el contenido de este Pacto político sería la puesta en funcionamiento de un “Acuerdo por la inclusión social”, que garantice que todas las personas tengan cubiertas las necesidades básicas y cuentan con los apoyos necesarios para su bienestar y promoción personal. Este acuerdo debería contener los servicios mínimos o cartera de servicios que las distintas administraciones, de acuerdo a sus competencias, han de definir y garantizar. Se deberán establecer medidas específicas, objetivos con indicadores de resultados o de impacto cuantificables y los recursos adecuados y, de forma transversal, tendría que apoyarse en una política activa de lucha contra la discriminación, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada territorio.

3.- Que se tenga presente que el fin y la justificación de los representantes públicos es conseguir el BIEN COMÚN. La forma de organizarnos es importante para lograr ese bien común, pero es más importante que los derechos sociales no tengan fronteras interiores, que no se tenga acceso a derechos o se tenga, de acuerdo con la comunidad autónoma y el lugar de residencia. Es necesario que se hagan efectivos, garanticen y profundicen los derechos sociales para todas las personas, reconocidos, tanto en el Tratado de la Unión Europea, como en la Constitución Española y en los estatutos de autonomía.

4.- Que, en la administración autonómica y local, se racionalice el gasto público eliminando gastos superfluos y burocráticos, y que se deje de generar endeudamiento de forma urgente, dado que esas deudas gravan el presente y comprometen negativamente el futuro de la ciudadanía.

5.- Que los presupuestos autonómicos y locales se reorienten para dar prioridad al EMPLEO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL, llegando al menos a los niveles medios del gasto social por estos conceptos de la UE-25, como forma de aportar los recursos necesarios para el “Acuerdo por la Inclusión Social”. Es fundamental que, dentro del gasto social, se otorgue especial apoyo a las familias y a la infancia, teniendo como metas a corto plazo alcanzar los niveles europeos de gasto en estas partidas. También es vital que, dentro de las políticas de empleo, se apoye el acceso a las personas con perfiles vulnerables y dificultades de empleabilidad.

 6.- Que cuenten con el TSAS como agente social, en igualdad de condiciones que los sindicatos y las organizaciones empresariales, en el diálogo social y, particularmente, en el seguimiento del “Acuerdo por la Inclusión Social”. Representamos a millones de personas y tenemos ya toda la experiencia necesaria. Estamos preparados para aportar.

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